La Legislatura de Córdoba tratará este miércoles el proyecto que ajusta la normativa provincial 11.035 a las disposiciones del Régimen Penal Juvenil nacional, vigente desde el 9 de septiembre.
La Legislatura de Córdoba tratará este miércoles el proyecto que adecúa la Ley Procesal Penal Juvenil provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Nación. La principal modificación es la incorporación de los adolescentes desde los 14 años al sistema de responsabilidad penal.
La necesidad de reformar la normativa cordobesa surge de la sanción de la Ley Nacional 27.801, que establece un esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años y que entrará en vigencia el próximo 9 de septiembre. Hasta ahora, el régimen nacional vigente fijaba el límite de punibilidad en los 16 años.
La Ley 11.035 regula en la provincia el procedimiento aplicable a adolescentes involucrados en causas penales, con la intervención de jueces, fiscales y defensores especializados, medidas socioeducativas y mecanismos de justicia restaurativa. Ese marco fue aprobado bajo un régimen nacional distinto al que comenzará a regir en septiembre, por lo que ahora debe adaptarse a las nuevas disposiciones.
La Ley 27.801 establece que el proceso debe orientarse a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y favorezca su educación, resocialización e integración social. Contempla además sanciones y medidas alternativas a la prisión, entre ellas programas educativos, tareas comunitarias, tratamientos, restricciones y mecanismos de supervisión.
Uno de los principios centrales del nuevo régimen es que la privación de la libertad debe aplicarse de manera excepcional y por el menor tiempo posible, de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes. La ley nacional también refuerza la intervención de equipos interdisciplinarios de psicología, trabajo social y educación durante el proceso.
Con la entrada en vigencia del régimen nacional prevista para el 9 de septiembre, Córdoba deberá modificar los artículos de la Ley 11.035 que resulten incompatibles con la nueva legislación, en un proceso de adecuación que la provincia comparte con el resto de las jurisdicciones del país.
