La red operó entre 2008 y 2023 y solo el excomisario Julio Zárate rechazó el acuerdo y será juzgado desde el 10 de noviembre.
El exsubjefe de la Policía de Córdoba, exjefe de Bomberos y exdirector de Defensa Civil municipal, Gustavo Folli Pedetta, admitió su responsabilidad en la causa conocida como "Bomberos SA" y aceptó una pena de 6 años y 2 meses de prisión efectiva. El acuerdo de juicio abreviado, concretado ante el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo, incluye además una inhabilitación absoluta de 10 años para ejercer funciones públicas.
La resolución abarca a 9 de los diez imputados que llegaron a esta instancia, acusados de integrar una red dedicada al cobro de dinero para la habilitación irregular de comercios y locales nocturnos. En el mismo acuerdo, el exjefe del cuerpo de Bomberos Sergio Sosa pactó una condena de 6 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
También aceptaron sus sanciones el exempleado privado Roque Olmedo, con 3 años de prisión condicional y 7 de inhabilitación; los ingenieros y peritos en seguridad e higiene Félix Calama y Mario García; la exefectivo policial Mónica Barrionuevo; el exchofer policial José Gorosito; el empresario nocturno Marcos Gennaro; el comerciante Miguel Amil y miembros de la familia empresaria Brasca, investigados por el uso de certificación trucha y encubrimiento agravado. Durante la instrucción, a cargo del fiscal Guillermo González, ya se habían firmado tres condenas: los bomberos Marcos Lúquez y Eduardo Rivadero, con 3 años de cárcel, y el empleado municipal Leandro Rodríguez, con 2 años condicional.
Según la investigación iniciada por el fiscal de instrucción Guillermo González junto al secretario Javier Novillo, la organización operó de manera ininterrumpida entre 2008 y 2023. El fiscal Hidalgo detalló que la red se articulaba a través de cinco sectores: la cúpula de Bomberos y Policía, peritos ingenieros, gestores privados, empresarios beneficiados y agentes municipales. Estos últimos intervenían falsificando registros informáticos para validar de forma irregular documentación que no cumplía los parámetros legales de seguridad.
Al describir el volumen del circuito ilegal montado durante 15 años, el fiscal lo calificó como "un hipermercado de la corrupción". Y sobre la gravedad institucional del caso dentro del cuerpo de seguridad, afirmó: "Por donde corría o debía correr agua en los bomberos, lo que corría eran chorros de plata de la corrupción".
El único imputado que no aceptó el pacto fue el excomisario Julio Zárate, que rechazó la propuesta fiscal de 6 años de prisión efectiva y optó por el debate oral. El juicio ante la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba está previsto para iniciar el 10 de noviembre y contará con 150 testimonios. Ante la falta de acuerdo, la Fiscalía pidió su prisión preventiva y promovió medidas de decomiso sobre sus bienes. Junto con las condenas, el tribunal dispuso el levantamiento del secreto fiscal de los involucrados y la activación de protocolos internacionales para rastrear activos en el exterior.
