La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva a policías acusados por asociación ilícita
La Cámara de Acusación de Córdoba ratificó de forma unánime las prisiones preventivas a los principales involucrados en la causa de corrupción policial iniciada hace un año
La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba ratificó de forma unánime las prisiones preventivas impuestas a los principales involucrados en la causa de corrupción policial iniciada hace un año. El tribunal confirmó que el exjefe de la Policía Caminera, comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, continuará alojado en la Cárcel de Bouwer. Los magistrados validaron el dictamen emitido por la fiscalía de instrucción de competencia territorial a cargo de Guillermo González, quien encabeza los procedimientos técnicos.
La resolución penal afecta además a una estructura jerárquica integrada por altos mandos de la fuerza de seguridad y profesionales del derecho que operaban coordinadamente. El núcleo delictivo coordinaba presuntamente una consultoría ilegal dedicada a resolver litigios vecinales complejos mediante el uso arbitrario de bienes y recursos pertenecientes al Estado. Las autoridades judiciales cordobesas acreditaron que los sospechosos montaban falsos operativos callejeros cobrando importantes sumas de dinero en efectivo a particulares que contrataban estas prestaciones informales.
La recolección de indicios permitió establecer que la organización criminal utilizaba las plataformas informáticas reservadas de la Jefatura para obtener datos personales sensibles. Las pesquisas determinaron que los comisarios implicados accedían a los sistemas del 911 y a las bases completas de la División Antecedentes Personales sin justificación. Los imputados se valían de sus respectivas jerarquías institucionales de más de 20 años de servicio para otorgar una fachada de total legalidad a los procedimientos.
El exjefe de la Policía Caminera y líder de la banda, el comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, continuará alojado en la Cárcel de Bouwer
Identificación de los sospechosos y cargos atribuidos
El expediente judicial detalla las responsabilidades correspondientes al por entonces jefe del Departamento de Asesoría Letrada de la Policía, comisario Leonardo Javier Torres. Las fajas de procesamiento alcanzan de igual modo al titular de la División Protección de Testigos, comisario Jorge Gutiérrez, bajo los cargos de asociación ilícita. La lista de oficiales detenidos incluye al comisario Martín Darío Heredia, integrante de la Policía Caminera, y al suboficial Dante Gabriel Villalba, encargado del área de transportes.
La fiscalía de instrucción imputó formalmente al abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del principal cabecilla, asignándole una participación activa en el asesoramiento jurídico ilegal. Por su parte, Gabriel Elidio Burkhard, conocido en el ámbito comercial bajo el alias de "el panadero", permanece procesado por actuar como captador de clientes. Por su parte, el comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán sumó las acusaciones graves de presunto enriquecimiento ilícito, extorsión reiterada y coacción agravada en perjuicio de ciudadanos.
Los integrantes de la banda delictiva utilizaron despachos oficiales de la propia central policial para simular la regularidad de los trámites ante los damnificados estafados. Los cobros exigidos por la organización ilícita para ejecutar las desocupaciones forzosas oscilaban entre el 20% y el 30% del valor total de la propiedad. Las planillas de análisis informático incorporaron registros de audios donde se afirmaba de manera taxativa: “hoy un desalojo enquilombado, entre un 20% y 30% del valor de la propiedad, eso es lo que vamos a cobrar...”.
La fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, inició las primeras averiguaciones en torno a maniobras comerciales fraudulentas con terrenos baldíos en Punilla
Origen de las actuaciones en la región
Las actuaciones judiciales que provocaron este fuerte cimbronazo institucional en la capital provincial tuvieron su génesis en la región del valle de Punilla. La fiscal de instrucción de la ciudad de Cosquín, Paula Kelm, inició las primeras averiguaciones en torno a maniobras comerciales fraudulentas con terrenos baldíos. La magistrada detectó la connivencia directa de los jefes policiales actuantes al profundizar las intervenciones telefónicas sobre una presunta empresa inmobiliaria ficticia de la zona.
La fiscalía de Punilla dictó a fines de 2025 la elevación a juicio de la denominada "pata civil" conformada por 14 ciudadanos particulares imputados. Los acusados afrontarán el proceso bajo la tipificación penal de asociación ilícita destinada a la comercialización ilegal de parcelas en diversas localidades serranas. Las constancias acumuladas fueron derivadas formalmente hacia la Fiscalía General para que se asigne la jurisdicción territorial definitiva sobre las jerarquías policiales de la capital.
Las ramificaciones del escándalo salpicaron de forma indirecta las estructuras de conducción superior, determinando el desplazamiento temprano de los altos mandos de la fuerza provincial. El por entonces jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez, resultó apartado de sus funciones y reemplazado formalmente por Marcelo Marín. Las autoridades del Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Juan Pablo Quinteros, designaron posteriormente al funcionario saliente en el cargo de asesor técnico.
Alejandro Eduardo Mercado, exsubjefe de la policía de Córdoba, permanece recluido preventivamente en el complejo penitenciario de Bouwer acusado de conformar dos asociaciones ilícitas
Antecedentes de corrupción en el servicio carcelario
El escenario de crisis institucional coincide temporalmente con la compleja tramitación del expediente penal que involucra de forma directa al exsubjefe policial Alejandro Eduardo Mercado. El excomisario general permanece recluido preventivamente en el complejo penitenciario de Bouwer acusado de conformar dos asociaciones ilícitas independientes. Las investigaciones lideradas por el fiscal de instrucción Enrique Gavier mantienen bajo arresto a múltiples exjefes de las brigadas civiles por presuntos hechos de corrupción.
La resolución dictada por la Cámara de Acusación clausura las instancias de apelación ordinarias interpuestas por los defensores particulares en favor de los detenidos. Las autoridades judiciales cordobesas continuarán receptando declaraciones testimoniales orientadas a mensurar de manera precisa la cantidad total de propiedades afectadas por estas maniobras. Los ingenieros informáticos completarán las pericias técnicas sobre las memorias de los teléfonos móviles secuestrados en las oficinas estatales con el propósito de identificar nuevos damnificados.
