La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba ratificó de forma unánime las prisiones preventivas impuestas a los principales involucrados en la causa de corrupción policial iniciada hace un año. El tribunal confirmó que el exjefe de la Policía Caminera, comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, continuará alojado en la Cárcel de Bouwer. Los magistrados validaron el dictamen emitido por la fiscalía de instrucción de competencia territorial a cargo de Guillermo González, quien encabeza los procedimientos técnicos.
La resolución penal afecta además a una estructura jerárquica integrada por altos mandos de la fuerza de seguridad y profesionales del derecho que operaban coordinadamente. El núcleo delictivo coordinaba presuntamente una consultoría ilegal dedicada a resolver litigios vecinales complejos mediante el uso arbitrario de bienes y recursos pertenecientes al Estado. Las autoridades judiciales cordobesas acreditaron que los sospechosos montaban falsos operativos callejeros cobrando importantes sumas de dinero en efectivo a particulares que contrataban estas prestaciones informales.
La recolección de indicios permitió establecer que la organización criminal utilizaba las plataformas informáticas reservadas de la Jefatura para obtener datos personales sensibles. Las pesquisas determinaron que los comisarios implicados accedían a los sistemas del 911 y a las bases completas de la División Antecedentes Personales sin justificación. Los imputados se valían de sus respectivas jerarquías institucionales de más de 20 años de servicio para otorgar una fachada de total legalidad a los procedimientos.
