La querellante Mónica Picco detalló la modalidad que investiga la Justicia, a partir del relato de una víctima de 20 años.
En el marco de la investigación por el crimen de Agostina Vega, salieron a la luz detalles sobre la presunta modalidad que habría usado Claudio Barrelier, principal acusado, para atraer a sus víctimas. Según la querella, el imputado les prometía abultadas sumas de dinero en efectivo a jóvenes en situación económica vulnerable para llevarlas a su casa de barrio Cofico.
Caso Agostina Vega: seis mujeres denunciaron abusos de Barrelier ante la querella
La modalidad fue explicada por la abogada querellante Mónica Picco, quien representa a una joven de 20 años que logró escapar de la vivienda de calle Juan del Campillo al 878 en mayo de 2025. Ese episodio, correspondiente al ataque de 2025, es uno de los hechos que investiga la Justicia en forma paralela a la causa por el crimen de la adolescente.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el acusado se presentaba ante chicas jóvenes y en situación de precariedad económica y exhibía supuestos contactos en la Municipalidad de Córdoba, con el fin de generar una falsa sensación de confianza y seguridad. Les ofrecía pagos semanales o mensuales a cambio de "guardarle la plata" en depósitos temporales dentro de la propiedad.
Picco relató que las ofertas iban en aumento: primero un millón de pesos, después dos, tres y, según recordó, hasta cuatro millones. "Algo muy tentador", describió la abogada sobre la propuesta que recibió su representada. Bajo esa promesa, las jóvenes iban a la casa de Cofico, donde, al ingresar, habrían sido encerradas y amenazadas por el sospechoso.
Para los investigadores de la Policía Judicial, esta estrategia reflejaría un patrón sistemático de conductas previo al crimen de la adolescente de 14 años, ocurrido en mayo de 2026. La querella sostiene que las promesas financieras eran una maniobra de manipulación psicológica ejercida de forma reiterada sobre mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.
Barrelier permanece alojado en el penal de Cruz del Eje, imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Además enfrenta cargos por intento de secuestro y abuso sexual vinculados al ataque de 2025, y hay una causa paralela por tenencia de material de abuso infantil hallado en su celular. El Juzgado de Control de Córdoba deberá resolver las oposiciones planteadas por las defensas para habilitar el juicio oral ante jurados populares.
