El tribunal sancionó a tres imputados y confirmó el enjuiciamiento para otros trece miembros del holding.
El Juzgado de Control en lo Penal y Económico de Córdoba condenó a tres responsables de la firma Grupo Red por maniobras fraudulentas con bienes inmuebles y automóviles. Las resoluciones se dictaron mediante un proceso abreviado contra la estructura comercial que operó entre 2013 y 2019 comercializando viviendas prefabricadas y vehículos 0 kilómetro. La causa penal contabiliza un total de 170 perjudicados en la capital, el interior provincial y distintos puntos del territorio nacional.
El magistrado fijó una pena de 6 años y 9 meses de prisión efectiva para Juan Santiago Caballero como jefe de la asociación ilícita y autor de estafas reiteradas. Por su parte, Roberto Fabio Rudelli y Osvaldo Prats recibieron condenas de 3 años de ejecución condicional por su participación en el entramado societario. La mecánica operativa consistía en atraer compradores con promociones engañosas para cobrar cuotas en pesos sin fijar el valor definitivo de los rodados.
Con el incremento de los reclamos, la entidad entregó cheques de pago diferido sin fondos suficientes y retiró la documentación respaldatoria de los clientes. Tras el cierre intempestivo de las sedes de atención en la ciudad, varios directivos se trasladaron a otras provincias y al exterior con pedidos de captura internacional. Esas maniobras permitieron apropiarse de los aportes de las víctimas para derivarlos hacia otras empresas vinculadas a los familiares del principal acusado.
El juez Gustavo Enrique Hidalgo confirmó el juzgamiento de otros 13 imputados bajo las acusaciones de asociación ilícita y estafas en el ámbito provincial. La nómina comprende a Fabrizio Scotta, Santiago Rivara, Gabriel Maximiliano Ramírez, Luis Arnaldo Pereyra, Gustavo Alejandro Pereyra, Lulio César Nepote y Patricia Viviana Monteleone. Asimismo, el listado del tribunal incluye a Miguel Francisco Fazio, Juan Ariel Menchón, Marianela Fanny Caballero, Sergio Fabián Gasaro, David Gastón Bracamonte y Néstor Luis Maggini Calvo.
En una resolución paralela, el magistrado le concedió la suspensión del juicio a prueba a Rolando Alfredo Jurado Blanco, imputado por asociación ilícita. La investigación judicial cobró mayor difusión pública durante 2023, cuando el expediente sumó denuncias acumuladas por montos millonarios. Los damnificados por la firma comercial señalaron que las interrupciones en la entrega de las viviendas generaron perjuicios económicos irreparables en sus patrimonios.
La apertura del debate oral para el resto de los acusados determinará la responsabilidad de cada integrante de la red en los hechos denunciados. El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba continuará con los trámites correspondientes para evaluar los reclamos patrimoniales presentados por las víctimas. La resolución penal sienta un precedente relevante en la persecución de delitos vinculados a la venta irregular de casas e instrumentos financieros.
