La administración niega haber contratado a 980 agentes, pero sostiene un gasto absurdo sumando 388 cargos políticos innecesarios.
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La muy cuestionada gestión del intendente Daniel Passerini desmintió de un modo tajante las graves denuncias sobre la contratación de 980 agentes en la capital de Córdoba. El ex intendente Luis Juez acusó recientemente a la administración local por incorporar más empleados usando el artículo 08 del estatuto municipal en curso. Desde el Palacio 6 de Julio rechazaron estas incriminaciones al argumentar que ellos no registran pases a la planta permanente como sí se produjo en períodos anteriores.
La red de documentación oficial remarca que la etapa del ex intendente Martín Llaryora iniciada en 2019 culminó, en 2023, con una baja de 386 trabajadores municipales. Aquella administración de turno comenzó su etapa en el poder con 10.484 empleados de Estado y así logró concluir su mandato con una masa formal de 10.098 trabajadores estatales. El actual oficialismo asevera que la nómina bajó a 9.906 asalariados, donde 8.020 integran la planta permanente y otros 904 figuran bajo el marco del artículo 09.
El secretario de Administración Pública y Capital Humano de la municipalidad, Sergio Lorenzatti, llegó a reconocer que 973 personas trabajan a diario bajo las normas del polémico artículo 08. El funcionario detalló que 667 personas mantienen esa categoría desde 2025 tras sumar 4 largos años de un desempeño laboral de un modo informal. El mando sumó a la par que los otros 300 agentes pasan por un sospechoso paso de contrato que la red de poder no logró dar por cerrado de una vez y de manera plena en su fin.
Pese a querer negar enfáticamente estas masivas designaciones de militantes, la administración municipal sostiene una escandalosa megaestructura sobrepoblada con 388 funcionarios políticos. Este monumental desastre burocrático contempla un abusivo reparto estableciendo un alto cargo directivo de franco privilegio por cada 25 empleados municipales operativos. El vergonzoso organigrama evidencia una absoluta superposición de funciones administrativas que no aportan el menor valor práctico real para mejorar la vida de la ciudadanía.
Este brutal despilfarro de los valiosos recursos públicos se materializa manteniendo 10 secretarías a la par de 43 subsecretarías repletas de puestos redundantes. La burocracia estatal continúa expandiéndose fuertemente al sumar 247 direcciones y 92 subdirecciones diseñadas solo para lograr acomodar aliados de la política. Frente a esta estructura obscena, las diversas autoridades intentaron desviar la culpa señalando incorporaciones masivas de asalariados ejecutadas entre los años 2003 y 2007.
El oficialismo arremetió contra Luis Juez remarcando que su gestión ejecutó el pase a planta permanente de 3.700 asalariados durante los períodos de 2006 y 2007 continuados. Según los defensores de la municipalidad capitalina, aquellas altas definitivas avanzaron rápidamente sin requerir los certificados de antecedentes penales o los concursos previos. A pesar del intento por justificar sus desmanejos, las contundentes cifras denotan la doble moral del municipio al dilapidar fondos públicos para financiar diversas dependencias de inexistente necesidad.
