El crimen de Agostina Vega dejó en evidencia algo más que una tragedia: expuso el colapso de un sistema municipal donde la autoridad política carece de mando real sobre su propio personal. Mientras la estructura de la Municipalidad de Córdoba se expande con contratados y becarios, el funcionamiento básico del Estado capitalino se encuentra atrapado en una red de privilegios, ineficiencia y una resistencia corporativa que impide cualquier intento de gestión profesional.
El diagnóstico es demoledor: de toda la estructura, solo 29 inspectores aceptaron sumarse al Ente Municipal de Fiscalización y Control, dejando al organismo sin capacidad operativa ante un personal que elige qué órdenes cumplir. El gasto público de Passerini, financiado por el esfuerzo de los contribuyentes, sostiene una maquinaria pesada y costosa que no logra garantizar ni siquiera la supervisión elemental de las actividades nocturnas.
"Estamos ante un sistema vulnerable a la connivencia, al arreglo y a la captura del control por parte de quienes deberían ser controlados", señalaron fuentes vinculadas a la administración.
