El impuestazo que Daniel Passerini intenta reflotar pese al freno de la Corte Suprema

Desde fines de 2024, la Municipalidad de Córdoba incorporó un mecanismo alternativo: la autoliquidación, que obliga al contribuyente a declarar y pagar el tributo por su cuenta cuando la distribuidora no lo retiene en la factura. En los hechos, es una forma de sostener el mismo cobro por otra vía, sin que la ciudadanía lo perciba con la misma claridad que antes.

Un intento de impuestazo que choca con el fallo de la Corte Suprema

La maniobra llega en el peor momento posible para el municipio: hace apenas una semana, la Corte Suprema volvió a fallar en contra de la Municipalidad de Córdoba por un caso similar, el de la tasa que le cobró al Banco Galicia, y recordó que ya había declarado la inconstitucionalidad del mismo mecanismo en los casos Laboratorios Raffo y Syngenta Agro. Para el máximo tribunal, cobrar sobre la actividad económica sin identificar con precisión qué servicio se presta a cambio desdibuja la diferencia entre una tasa legítima y un impuesto directamente encubierto.

Pese a esa advertencia reiterada, la gestión de Daniel Passerini insiste con reflotar el cobro del OIM sobre el gas, sin ofrecer ninguna precisión pública sobre qué contraprestación concreta recibiría el contribuyente a cambio. El área de Recursos Tributarios de la Municipalidad directamente se negó a dar declaraciones sobre el tema, mientras hace un año y medio el propio Passerini le había prometido a la Unión Industrial de Córdoba resolver la cuestión, promesa que hasta hoy no se tradujo en ningún cambio normativo.

Para especialistas del sector empresario, la discusión de fondo excede al gas: Gustavo Campos, de PwC y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sostuvo que los municipios deberían limitarse a cobrar por servicios concretos como barrido, alumbrado y limpieza, y no aplicar cargos calculados como un porcentaje de la facturación, un esquema que calificó de insostenible. El mismo cuestionamiento de la Corte, además, no se agota en el gas: alcanza potencialmente a los cargos que Córdoba aplica también sobre el agua y la energía eléctrica.