Escándalo de corrupción por contrataciones irregulares de la Municipalidad de Córdoba
La causa tuvo su origen en el hecho de que dos circuitos de contratación diferenciados realizaban facturaciones de los chalecos celestes de los servidores urbanos de la ciudad
El legajo del imputado demuestra las fallas absolutas en los filtros de selección interdisciplinarios que el Ejecutivo municipal afirma aplicar a los aspirantes del programa. A pesar de contar con condenas por delitos graves y narcotráfico, el acusado logró ser asignado al Centro Operativo Nº 4 entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Incluso buscaba confeccionar un certificado analítico secundario apócrifo para consolidar su contratación definitiva dentro de las dependencias estatales.
El ingreso de personas con antecedentes criminales a áreas sensibles, como la atención hospitalaria de la provincia, confirma el descontrol del sistema de asignación de becas. Las estructuras sociales intermedias han sido transformadas en meros sellos de goma dirigidos a validar el cobro de fondos municipales por parte de terceros. La ausencia de auditorías internas en la gestión del intendente Daniel Passerini facilita la perpetuación de estos circuitos informales de erogación presupuestaria. El modelo implementado vulnera la legislación vigente en materia de contrataciones administrativas y empleo público.
Una investigación judicial puso al descubierto una red de irregularidades en la Municipalidad de Córdoba a partir de la detención de Carlos Sebastián Saavedra Paredes, un ex servidor urbano procesado por falsificación de documentos públicos y tentativa de estafa contra el Estado. El imputado, quien registraba una condena previa de casi 10 años de prisión por robo calificado y venta de drogas, logró desempeñarse como chofer de un director de Centro de Participación Comunal y prestar servicios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El hecho evidencia la falta de controles en la administración del intendente Daniel Passerini y el desvío sistemático de fondos públicos a través de contrataciones en programas sociales.
El avance de la causa penal llevada adelante por el fiscal Juan Pablo Klinger expuso la complicidad de la gestión municipal en la colocación discrecional de personas en el programa de Servidores Urbanos. Las actuaciones judiciales demostraron cómo individuos con graves antecedentes penales logran acceder a puestos de financiamiento estatal sin cumplir con los requisitos básicos de idoneidad o revisión de prontuarios. Esta situación pone en evidencia un mecanismo orientado a volcar recursos presupuestarios hacia estructuras de contención política territorial. La falta de respuestas precisas por parte del Ejecutivo comunal ratifica la existencia de severas anomalías en el padrón de beneficiarios.
La maniobra refleja un uso fraudulento de los recursos de los contribuyentes cordobeses para sostener esquemas de punterismo político mediante intermediarios. Las contrataciones irregulares reveladas por la justicia exponen un patrón organizativo destinado a eludir los marcos regulatorios habituales del empleo público. La gestión de Daniel Passerini queda así salpicada por la instrumentación de subsidios y becas como herramientas de intermediación clientelar.
Juan Pablo Klinger, fiscal de la causa
Red paralela de facturación y punterismo comunal
La presidenta de la cooperativa Milge Ltda, Graciela Rojo, confirmó la existencia de dos circuitos de contratación diferenciados que realizaban facturaciones de chalecos celestes de servidores urbanos. La entidad cuenta formalmente con 70 asociados en sus planillas regulares, pero procesa mensualmente la facturación de otros 400 Servidores Urbanos de Córdoba Capital que no integran la cooperativa. Esta nómina paralela es remitida directamente por funcionarios municipales para que la cooperativa elabore las facturas correspondientes sin ejercer control sobre los prestadores. El esquema revela la creación de un circuito financiero que utiliza la fachada cooperativa para canalizar erogaciones públicas.
Las declaraciones de la titular de la cooperativa expusieron el método de asignación a dedo operado por dirigentes territoriales y funcionarios de la administración municipal. Según detalló la dirigencia de la organización, los nombramientos responden de forma habitual a compromisos asumidos durante las campañas electorales en las distintas zonas urbanas. Esta metodología de designación directa elude cualquier tipo de concurso o evaluación técnica de idoneidad para el acceso a las erogaciones estatales. La práctica confirma un sistema clientelar estructurado a través de favores políticos financiados con dinero público.
El mecanismo detectado en el municipio cordobés exhibe coincidencias metodológicas con la utilización de organizaciones intermedias para la construcción de redes de contención militante. La transferencia masiva de fondos presupuestarios hacia instituciones no auditadas permite la consolidación de tramas de dependencia económica estatal. La utilización de la estructura de Servidores Urbanos priva a la comunidad de una fiscalización real sobre el destino final de las partidas del Tesoro municipal.
Servidores urbanos de Córdoba junto al gobernador
Irregularidades en los programas de asistencia social
Frente a las revelaciones sobre el caso Saavedra Paredes, la Municipalidad de Córdoba evitó dar respuestas concretas respecto a la lista paralela de 400 personas que facturan a través de Milge Ltda. El Palacio 6 de Julio se limitó a emitir un comunicado abstracto sobre la incorporación excepcional de personas vulnerables derivadas por instituciones barriales. Sin embargo, la desproporción entre los 70 socios reales de la entidad y los 400 inscritos por planilla municipal demuestra que la irregularidad constituye la regla del sistema.
Carlos Sebastián Saavedra Paredes prestaba servicios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Procesamientos y ramificaciones de la causa penal
La investigación penal encabezada por el fiscal Juan Pablo Klinger mantiene actualmente a tres personas detenidas y a otras dos imputadas por delitos contra la administración pública. Saavedra Paredes afronta cargos por uso de documento público falso, falsificación de documento público reiterada en dos hechos y tentativa de estafa agravada. Por su parte, el exempleado de Epec, Fernando Rubén Romero, permanece privado de la libertad imputado como presunto partícipe necesario de estafa e instrumentación de documentos falsos. El tercer detenido es Oscar Arnaldo Cuello, acusado de confeccionar las licencias de conducir y los certificados de antecedentes penales apócrifos.
El expediente judicial alcanza también al ex agente de Epec Daniel Alejandro Chuminatti y a Fidel Eliseo Murúa, quienes permanecen en libertad pero imputados por participación necesaria en falsificación. La fiscalía de instrucción sostiene que la banda confeccionaba documentación ilegal para gestionar el ingreso de postulantes a dependencias públicas de la provincia y el municipio. Asimismo, la red delictiva buscaba obtener cobros salariales indebidos dentro de la estructura operativa de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
El avance de las diligencias judiciales deja en evidencia la vulnerabilidad de los organismos oficiales ante maniobras sistemáticas de falsificación y cobros indebidos. La tramitación de licencias y certificados apócrifos funcionaba como el eslabón de acceso a beneficios económicos costeados por los contribuyentes. La existencia de empleados estatales involucrados en la confección de documentación ilegal confirma el deterioro de las estructuras de control gubernamentales. La causa penal continúa expandiéndose hacia otros estamentos del sector público ante la posible detección de nuevos implicados.
Chalecos celeste: en una cooperativa aseguran que hay 400 puestos "a dedo"
Responsabilidad política sobre el desvío presupuestario
Las evidencias acumuladas en el expediente judicial señalan la responsabilidad directa de la conducción municipal de Daniel Passerini en la falta de fiscalización de las cooperativas. El sostenimiento de listados con 400 personas ajenas a los padrones sociales demuestra la complicidad administrativa en el desvío de los recursos públicos. La derivación de dinero del Tesoro municipal a través de circuitos opacos de facturación configura un severo perjuicio a las arcas de la capital cordobesa. La gestión comete una clara omisión de sus deberes al validar nóminas elaboradas por operadores territoriales sin control.
El uso de los programas sociales como mecanismo de financiamiento de la política partidaria degrada el funcionamiento de las instituciones democráticas en la ciudad de Córdoba. La utilización del presupuesto público para la distribución de prebendas perpetúa esquemas de clientelismo que distorsionan la finalidad de la asistencia estatal. La negativa del Ejecutivo municipal a responder de forma puntual sobre las irregularidades detectadas confirma la opacidad con la que se administran los fondos.
El caso de la cooperativa Milge Ltda representa únicamente una muestra de la red de intermediación montada bajo el amparo de las autoridades municipales. La proliferación de contrataciones sin control normativo consolida un modelo de gestión caracterizado por la discrecionalidad y el despilfarro de los recursos públicos. La Justicia deberá avanzar sobre las autoridades políticas que permitieron el funcionamiento de estos circuitos paralelos de facturación con dinero del contribuyente.
