El Juzgado de Control ratificó el requerimiento de la fiscalía, y el defensor anticipó que recurrirá por una supuesta prescripción.
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El exintendente de Villa María y exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Gill, quedó otra vez encaminado hacia un juicio oral. La fiscal de Instrucción Juliana Companys dispuso de nuevo la elevación de la causa en la que el dirigente kirchnerista está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su expareja. El requerimiento fue confirmado por el Juzgado de Control la semana pasada.
El expediente acumula idas y vueltas. La fiscalía había pedido la elevación a juicio en marzo de 2024 y, en noviembre de ese año, la jueza de Control María Soledad Dottori rechazó los planteos de nulidad de la defensa y confirmó que el caso debía avanzar al debate oral. Sin embargo, en mayo de 2025 la Cámara del Crimen de Río Tercero hizo lugar a un recurso de la defensa y anuló esa resolución, por lo que la causa volvió a la fiscalía para revisar aspectos del procedimiento y de la prueba. Son más de tres años desde la denuncia y el juicio todavía no empezó.
La defensa, encabezada por el abogado Eduardo Rodríguez, anunció que recurrirá la nueva decisión. Además de sostener la inocencia del exintendente, argumentó que la acción penal está prescripta y cuestionó que la fiscalía no haya tenido en cuenta todas las pruebas que propuso. Corresponderá a la Justicia resolver esos planteos.
La causa se abrió en marzo de 2023, cuando Gill se desempeñaba como intendente de Villa María. La investigación se concentra en dos episodios de presunta violencia física que habrían ocurrido el 3 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de 2023. Según la acusación, en el primero la mujer habría sido zamarreada y sufrido un hematoma en el brazo derecho, y en el segundo habría presentado lesiones en los brazos, el abdomen y una mano.
El imputado tiene una larga trayectoria en la función pública. Fue intendente de Villa María, rector de la Universidad Nacional de Villa María, secretario de Obras Públicas de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández y ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba. Es decir, pasó por la gestión municipal, la universidad, el kirchnerismo nacional y el Gobierno provincial, con el respaldo político que eso implica.
En septiembre de 2024, con la causa en marcha, Gill pidió licencia en el ministerio provincial y en noviembre de ese año presentó su renuncia definitiva. El caso pone a prueba a un espacio político que hizo de la perspectiva de género una de sus banderas y que ahora tiene a uno de sus dirigentes camino al banquillo. La presunción de inocencia rige hasta que haya una sentencia firme, pero la contradicción entre el discurso y la realidad es difícil de ignorar.
