El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dictó el procesamiento del empresario Federico Guillermo Máscolo y ordenó embargos por U$S 17,1 millones tras destapar un monumental desvío de fondos estatales.
La Justicia federal avanzó de forma decisiva en el procesamiento del empresario Federico Guillermo Máscolo por desviar fondos públicos hacia el lujo privado. Este fallo expone cómo el dinero de los contribuyentes, que debió financiar infraestructura real, terminó financiando el enriquecimiento ilícito.
El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó trabar un embargo de U$S 17,1 millones sobre los bienes de los imputados, en una causa que investiga el lavado de más de $ 8 millones y U$S 6.909.618. La pesquisa reveló que el constructor obtuvo al menos U$S 5.549.000 mediante contratos sospechosos distribuidos en más de 200 expedientes administrativos entre 2007 y 2015.
Según la resolución judicial, "se deduce inequívocamente la adjudicación reiterada y direccionada de contrataciones a empresas vinculadas a Máscolo" para configurar el fraude sistemático.
Complejo The Aventura Beach Club Condo, donde se ubican algunos de los departamentos involucrados en la causa.
El festín de los retornos y el lujo desmedido
Las maniobras de lavado incluyeron la compra de 11 departamentos en la exclusiva avenida Collins de Miami y vehículos de alta gama a nombre de testaferros sin capacidad contributiva. Mientras los ciudadanos honestos enfrentaban asfixia impositiva, la red corrupta utilizaba firmas como Berfransan LLC para ocultar el patrimonio en el extranjero.
Frente al dinamismo de los emprendedores privados que arriesgan capital propio para generar riqueza, este entramado demuestra los peligros del capitalismo de amigos regulado por la burocracia estatal. Las licitaciones amañadas donde competían socios del propio adjudicatario evidencian que el monopolio de la obra pública sirve para alimentar el parasitismo corporativo.
María de los Ángeles Avendaño Ferrero, expareja de Máscolo, también se encuentra involucrada en la causa.
Insolventes de fantasía y simulación en el extranjero
La responsabilidad política recae sobre administraciones estatales que facilitaron adjudicaciones directas a un contratista sistemáticamente denunciado por evasión fiscal. Para desterrar de raíz estos vicios de la vieja política, resulta urgente implementar auditorías externas y reducir el tamaño de un Estado que gasta de manera ineficiente.
El avance de la causa judicial, motorizada por el fiscal federal Enrique Senestrari, envía una señal clara a los mercados sobre el fin de la impunidad en las transacciones con el sector público. Los inversores y los contribuyentes locales observan con atención este proceso, que podría sentar un precedente clave para devolver la seguridad jurídica a la economía argentina.
