La Justicia federal avanzó de forma decisiva en el procesamiento del empresario Federico Guillermo Máscolo por desviar fondos públicos hacia el lujo privado. Este fallo expone cómo el dinero de los contribuyentes, que debió financiar infraestructura real, terminó financiando el enriquecimiento ilícito.
El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó trabar un embargo de U$S 17,1 millones sobre los bienes de los imputados, en una causa que investiga el lavado de más de $ 8 millones y U$S 6.909.618. La pesquisa reveló que el constructor obtuvo al menos U$S 5.549.000 mediante contratos sospechosos distribuidos en más de 200 expedientes administrativos entre 2007 y 2015.
