El fracaso de Passerini: detenciones estériles y la informalidad de los naranjitas persisten en Córdoba
La Policía de Córdoba informó 329 detenciones y más de 1800 incidentes con naranjitas y limpiavidrios en Córdoba a pesar de la nueva normativa que entró en vigencia hace un mes.
A pesar de 329 detenciones, la ley 11.117 se desinfla ante un sistema de aprehensiones que libera a los infractores en 24 horas y deja la vía pública a merced de la informalidad.
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La ley 11.117 se presenta como una solución de escritorio frente a un problema de calle que el Estado provincial y municipal se niega a resolver con firmeza. Entre el 26 de mayo y el 24 de junio, la Policía ejecutó 329 detenciones, un número que, lejos de representar un orden definitivo, expone la fragilidad de un sistema donde los infractores vuelven a ocupar la vía pública apenas un día después de ser aprehendidos.
Las estadísticas desnudan la ineficacia de la medida: los limpiavidrios y naranjitas acumulan 1.835 incidentes, demostrando que la sanción es apenas un trámite burocrático. Mientras el oficialismo festeja una baja en la intensidad de los operativos, la realidad es que la rotación de infractores es constante y el espacio público sigue sin ser libre para el ciudadano.
"Se ha logrado ordenar el espacio público, con muchos menos incidentes y detenciones en los últimos días", declaró con optimismo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ignorando la persistencia del conflicto.
La Policía de Córdoba informó 329 detenciones y más de 1800 incidentes con naranjitas y limpiavidrios en Córdoba a pesar de la nueva normativa que entró en vigencia hace un mes.
La fachada del orden frente a la realidad de calle
Es un secreto a voces que los naranjitas "ilegales", aquellos excluidos de la formalización municipal, siguen trabajando con total impunidad en la capital. Daniel Passerini intentó maquillar el problema notificando a 500 personas, pero la realidad demuestra que la falta de una política laboral eficiente y el desinterés por erradicar la informalidad han permitido que la actividad continúe bajo otras formas.
La comparación con el sector privado es humillante para la gestión pública de Passerini: mientras una empresa debe cumplir con todas las exigencias legales y tributarias para funcionar, el naranjita "informal" opera con total libertad gracias a un Estado que prefiere la inacción. Córdoba exige orden, pero recibe una burocracia que se limita a hacer censos mientras las calles siguen siendo un terreno ocupado por quienes ignoran la ley.
La Policía de Córdoba informó 329 detenciones y más de 1800 incidentes con naranjitas y limpiavidrios en Córdoba a pesar de la nueva normativa que entró en vigencia hace un mes.
Responsabilidad política y el espejismo de la ley
La política municipal de Passerini ha optado por el parche legal antes que por la decisión de recuperar el espacio público. Si la normativa no se acompaña de una justicia que impida la reincidencia inmediata, el gasto público en operativos policiales se convierte en un derroche de recursos que no soluciona el caos urbano ni garantiza la libertad del contribuyente.
Para el inversor y el vecino, el panorama es desalentador: una ciudad donde la informalidad es la norma y las leyes se aplican solo cuando hay cámaras encendidas. El progreso real no llegará mediante censos ni notificaciones inútiles, sino cuando el Estado deje de ser un espectador cómplice del desorden en las calles cordobesas.
La Policía de Córdoba informó 329 detenciones y más de 1800 incidentes con naranjitas y limpiavidrios en Córdoba a pesar de la nueva normativa que entró en vigencia hace un mes.
