El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó oficialmente una prórroga para la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Córdoba. Las autoridades nacionales modificaron el cronograma original estableciendo que el sistema acusatorio comenzará a regir de forma efectiva el 8 de marzo de 2027. La medida responde a la necesidad de culminar obras de infraestructura y optimizar los recursos tecnológicos indispensables para asegurar una transición ordenada.
La decisión administrativa fue oficializada mediante la publicación de la Resolución 274/2026 suscripta directamente por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La normativa establece que el nuevo esquema procesal penal iniciará puntualmente a las 00:00 horas del 21 de septiembre fijado para la jurisdicción de la Cámara Federal. Los tribunales locales dispondrán de un plazo adicional extendido para reacondicionar los espacios físicos y capacitar de forma homogénea a todos los operadores.
A pesar de los avances reportados en el interior del país, aún resta implementar el sistema acusatorio en varias jurisdicciones federales de relevancia. Las provincias que aguardan la reconversión son Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso específico cordobés, la gran extensión territorial del distrito y el volumen de litigiosidad criminal obligaron a un diagnóstico previo exclusivo.
Los magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba solicitaron formalmente la postergación a través del dictado de la Acordada N° 34/2026. El pedido fue acompañado por un informe de la Procuración General de la Nación que alertaba sobre la falta de salas de audiencias dotadas de conectividad digital. La fiscalía local concentra causas de alta complejidad aduanera y financiera que requieren un despliegue técnico profesional sumamente riguroso.
Ministerio de Justicia de la Nación
Inversiones tecnológicas y capacitaciones para magistrados
Para subsanar las deficiencias detectadas, la cartera nacional de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas avanzadas a los ministerios públicos locales. El equipamiento especializado incluye la entrega de modernos sistemas UFED destinados a potenciar las pericias forenses y la cadena de custodia digital. Los ingenieros informáticos completaron el relevamiento de las estructuras edilicias existentes para iniciar la colocación de cableados y sistemas de audio.
Las partidas presupuestarias se destinarán al equipamiento integral de las futuras dependencias donde los defensores e imputados debatirán de manera directa ante los jueces. Las autoridades judiciales iniciaron de forma paralela talleres académicos orientados a la simulación de juicios orales bajo el nuevo paradigma procesal. Los empleados administrativos participan de intercambios técnicos semanales con operarios de provincias que ya aplican las normativas vigentes con éxito.
La puesta en marcha de los tribunales de Córdoba se concretará definitivamente cuando se verifique el funcionamiento pleno de cada terminal tecnológica instalada. El Consejo de la Magistratura supervisará el cumplimiento del cronograma edilicio establecido para asegurar los estándares homogéneos de la prestación del servicio. El Gobierno nacional busca, de este modo, dotar a la justicia federal de herramientas ágiles para combatir el contrabando y las bandas delictivas organizadas.
La expansión del modelo acusatorio representa una política de Estado coordinada junto a la Corte Suprema de Justicia y los ministerios públicos correspondientes. El objetivo prioritario de la reforma legal es transferir la responsabilidad de la investigación criminal a los fiscales y reservar al juez el control de legalidad. Las estadísticas oficiales demuestran que en las provincias vigentes la tasa de resolución de casos alcanza actualmente el 82% frente al anterior 43%.
Tribunales Federales de Córdoba
Expansión territorial y situación en los distritos
Los informes técnicos reflejan que hasta el momento el moderno modelo judicial se instaló de forma exitosa en nueve distritos federales de la Argentina. Los funcionarios del área jurídica destacaron que las causas vinculadas al narcotráfico y la criminalidad económica aceleraron notablemente sus tiempos de definición. El régimen introduce principios procesales basados en la oralidad obligatoria, la celeridad general, la inmediación de las partes y la publicidad de las audiencias.
