La Legislatura de Córdoba elabora un borrador de decreto con la finalidad de endurecer las exigencias para el ingreso y permanencia del personal parlamentario contratado. Las medidas de control responden a las irregularidades que involucraron al exasesor José Villarreal, imputado por abuso sexual, y al colaborador Ariel Rodríguez, investigado por el uso de recursos energéticos estatales. Ante el impacto institucional generado por estos hechos, el legislador provincial Ernesto Ramón Flores solicitó licencia en su banca de la Unicameral.
El texto original de la Ley provincial 9.880 dispone en su artículo 8 la obligatoriedad de acreditar ciudadanía argentina, mayoría de edad, aptitud psicofísica y título secundario para incorporarse a la estructura. En materia de conducta, la norma establecía como requisito optativo la entrega del certificado provincial expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba o el certificado penal nacional. Sin embargo, el área administrativa legislativa fijó un criterio más exigente al eliminar la alternancia y requerir ambas documentaciones de forma simultánea.
El legajo de contratación exige actualmente el apto físico, fotocopia del DNI, comprobante de domicilio, certificado penal nacional, antecedentes provinciales y análisis toxicológico. La reglamentación en desarrollo sumará la obligación de acreditar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y suscribir una declaración jurada de integridad institucional. Asimismo, la normativa delimitará de manera explícita la responsabilidad directa que asume cada legislador o bloque político respecto de las personas que propone para prestar servicios.
El proyecto propone crear un sistema permanente de verificación para controlar los antecedentes penales y judiciales de los empleados legislativos
Supervisión continua y propuesta de la oposición
En paralelo a las reformas administrativas impulsadas por la Secretaría Administrativa, el presidente del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para crear un sistema de control. La iniciativa del legislador propone implementar un Sistema Permanente de Verificación de Antecedentes y Situaciones Judiciales orientado a monitorear a los trabajadores del recinto legislativo. El mecanismo propuesto intenta sustituir la presentación periódica de certificados impresos por un sistema de consulta institucional frecuente conectado a los organismos de seguridad.
La plataforma permitirá acceder a datos del Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de la Provincia de Córdoba y el Poder Judicial para verificar procesos penales en curso. La fiscalización abarcará a las autoridades superiores, integrantes de gabinetes, asesores, personal contratado y empleados de planta permanente o temporaria de la Unicameral. Las revisiones informáticas deberán ejecutarse con una periodicidad máxima de 15 días, contemplando alertas tempranas automáticas en caso de que las instituciones judiciales registren una novedad.
Oscar Agost Carreño argumentó que un certificado expedido en papel constituye únicamente una constancia fija que pierde validez operativa ante una imputación posterior. Bajo esa premisa, el legislador sostuvo que la estructura parlamentaria no debe demorar 6 meses en tomar conocimiento sobre la apertura de un proceso penal contra sus dependientes. El proyecto de la bancada opositora establece que el sistema no equiparará una investigación judicial con una condena firme para resguardar las garantías del debido proceso legal.
Oscar Agost Carreño, legislador de Córdoba por el PRO
Mecanismos de actuación e iniciativas complementarias
Con el propósito de establecer pautas claras de actuación, la iniciativa ordena la aprobación de un Protocolo Institucional de Actuación que determine las conductas administrativas a seguir. La reglamentación diferenciará entre condenas firmes, procesos en trámite, imputaciones y medidas cautelares según la gravedad del delito investigado por los tribunales. Las pautas fijadas tendrán un tratamiento severo ante causas por delitos contra la integridad sexual, violencia de género, trata de personas y hechos contra la administración pública.
Agost Carreño fundamentó la necesidad de fijar reglas homogéneas para la totalidad de las bancadas políticas que integran el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Según la postura planteada por el parlamentario, la tarea de fiscalización no debe recaer de manera individual en cada legislador ni activarse únicamente ante la repercusión mediática. De esta manera, se busca que la Unicameral asuma de forma directa y centralizada la responsabilidad institucional de verificar la idoneidad moral de su personal.
La iniciativa del bloque opositor se complementa con un proyecto de ley presentado previamente en el mes de abril para reformar el Régimen de Registro de Antecedentes Penales. Dicha propuesta busca modernizar el marco normativo de la provincia mediante la derogación expresa de la Ley provincial 8.691 que rige actualmente en la jurisdicción. El texto plantea la integración plena con el Registro Nacional de Reincidencia, organismo regulado en todo el territorio argentino por la Ley nacional 22.117.
