La noche cordobesa es escenario de un grave atentado contra la autoridad, exponiendo la fragilidad de un sistema de control que la Municipalidad de Córdoba permitió funcionar durante años bajo lógicas de impunidad. Tras el cierre del establecimiento Punta Alvear, el presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche Actis, fue víctima de una amenaza directa que evidencia la peligrosidad de los sectores que operaron sin supervisión.
El intendente Daniel Passerini admitió que estas intimidaciones son una respuesta a una política de clausuras que, aunque intensificada, llega tarde frente a un entramado de ilegalidad consolidado. Según datos oficiales, la Municipalidad de Córdoba pasó de 90 a 700 clausuras en el último año, una estadística que expone el volumen de locales que operaron fuera de toda norma bajo la mirada complaciente de la gestión pública.
