La Municipalidad de Córdoba finalmente ha comenzado a implementar un esquema de control sobre la masa de empleados que integran la estructura estatal. Tras años de opacidad, el Ejecutivo ha iniciado un monitoreo estricto de las modalidades transitorias, como becas y monotributos, con el objetivo de transparentar una planta que hasta ahora operaba sin controles de permanencia eficaces.
Hasta el momento, este endurecimiento de las normas internas ha derivado en 13 renuncias de trabajadores, de las cuales 4 ya han sido aceptadas formalmente. Estas dimisiones surgen en un contexto donde el municipio busca revisar la documentación y la situación legal de sus empleados frente a la ley, intentando corregir años de desidia administrativa.
"No consideramos que los concursos sean el problema fundamental", declararon fuentes oficiales, ratificando que el ingreso por mérito sigue fuera de la agenda de Daniel Passerini.
La urgencia de una gestión tardía
La implementación de estas medidas llega con un retraso alarmante, poniendo en evidencia la falta de voluntad política para gestionar con austeridad desde el inicio de la gestión. Mientras el sector privado exige eficiencia y resultados constantes para sobrevivir, la Municipalidad ha tardado años en auditar quiénes trabajan y quiénes simplemente ocupan un lugar, reflejando una ineficiencia burocrática que pagaron todos los vecinos con sus impuestos.
