Naranjitas irregulares y sin fin: el 50% de las cooperativas están suspendidas

Naranjitas irregulares y sin fin: el 50% de las cooperativas  están suspendidas
La mitad de las cooperativas que Passerini quiere habilitar para que controlen a los cordobeses por usar la vía pública están suspendidas.

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De las 8 entidades habilitadas por Passerini, solo 4 tienen la matrícula activa para operar el estacionamiento medido.

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La gestión de Daniel Passerini intenta legalizar la extorsión de los naranjitas mediante cooperativas que operan en la irregularidad administrativa. Un informe oficial reveló que la mitad de las entidades inscriptas para controlar el estacionamiento en la ciudad están actualmente suspendidas. Esta precariedad institucional que se pretende aprobar en el Concejo Deliberante desnuda la falta de transparencia en un sistema que el municipio pretende imponer a los ciudadanos de forma obligatoria.

Solo 4 de las 8 cooperativas registradas mantienen su matrícula activa mientras el resto registra balances vencidos y deudas ante los entes fiscales. Las entidades inhabilitadas presentan sumarios abiertos por falta de documentación y cuits bloqueados en ARCA debido a manejos financieros sospechosos. El oficialismo busca convertir a estos grupos en agentes municipales pese a que la mayoría no cumple con los requisitos legales para prestar servicios.

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Negligencia administrativa y el negocio de la informalidad estatal

La Municipalidad de Córdoba pretende entregar el 80% de lo recaudado por el estacionamiento a estas estructuras que operan fuera de la normativa legal. Se exige el fin de los privilegios para sectores que evaden impuestos mientras el contribuyente privado debe afrontar una presión fiscal asfixiante. Los concejales de la oposición denunciaron que estas agrupaciones funcionan como un amortiguador político dentro de una ingeniería laboral muy precaria.

El registro municipal identifica apenas a 360 asociados mientras la realidad callejera muestra a más de 2.000 sujetos actuando sin control estatal. Esta enorme brecha de informalidad confirma que la nueva ordenanza solo servirá para oficializar la caja de las mafias que azotan a los conductores. Resulta alarmante que el estado municipal delegue el poder de policía en organizaciones civiles que incumplen sistemáticamente sus deberes fundamentales.

La gestión de Daniel Passerini intenta legalizar la extorsión de los naranjitas mediante cooperativas que operan en la irregularidad administrativa.
La gestión de Daniel Passerini intenta legalizar la extorsión de los naranjitas mediante cooperativas que operan en la irregularidad administrativa.

La gestión de Daniel Passerini intenta legalizar la extorsión de los naranjitas mediante cooperativas que operan en la irregularidad administrativa.

La digitalización del cobro mediante una aplicación móvil no soluciona el problema de fondo que representa la coacción de los cuidacoches habituales. El gobierno se niega sistemáticamente a prohibir una actividad ilegal que los vecinos rechazan por su carácter violento y su falta de transparencia. La institucionalización de la extorsión callejera es un retroceso democrático que premia a quienes viven de la informalidad y el desprecio por la ley vigente.

Las multas propuestas para quienes actúen fuera del sistema son meras formalidades que no garantizan la seguridad de los ciudadanos en los barrios. La Secretaría de Políticas Sociales admite que trabaja para regularizar a las cooperativas deudoras en lugar de aplicar las sanciones legales correspondientes. El orden fiscal de la ciudad se ve comprometido por una decisión política que prioriza el sostenimiento de punteros por sobre el derecho del vecino.

Un informe oficial reveló que la mitad de las entidades inscriptas para controlar el estacionamiento en la ciudad están actualmente suspendidas.
Un informe oficial reveló que la mitad de las entidades inscriptas para controlar el estacionamiento en la ciudad están actualmente suspendidas.

Sanciones cosméticas frente a la anarquía en la vía pública


El proyecto de ordenanza será votado el 14 de mayo confirmando un esquema que delega la seguridad de los vehículos en personas sin empleo registrado. Los constatadores deberán acreditar domicilio en la ciudad aunque la mitad de sus organizaciones no presentan los balances contables ante el fisco nacional. Esta falta de rigor técnico en la selección de los prestadores augura un fracaso rotundo en la gestión del estacionamiento controlado en toda la capital.

La municipalidad deberá enviar informes semestrales al Concejo para intentar justificar el movimiento contable de una cuenta especial muy cuestionada. La sociedad cordobesa exige el cese de las políticas que fomentan la dependencia estatal y protegen a grupos que actúan de manera mafiosa. La transparencia real solo se alcanzará cuando se eliminen los esquemas de recaudación paralela que alimentan la burocracia ineficiente del sistema actual.