Las autoridades provinciales implementaron una tecnología de escaneo de señales telefónicas para localizar dispositivos móviles encendidos dentro de las cárceles locales. El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, confirmó la adhesión a un esquema nacional que simplificará la inhabilitación de las líneas y los celulares. La herramienta de rastreo fue desplegada en los complejos penitenciarios de Bouwer y Cruz del Eje, donde se llevaron a cabo 17 presentaciones ante los tribunales correspondientes.
El procedimiento operativo detecta las señales activas dentro del perímetro de los penales y registra el código IMEI junto con los datos de las tarjetas SIM. La investigación oficial constató el uso de un único teléfono celular con diferentes chips intercambiables por parte de distintos internos en los pabellones. A partir de esa información, las autoridades enviaron los registros técnicos a la Fiscalía de Distrito y a las unidades judiciales para tramitar las sanciones.
Para evitar interferencias con el personal autorizado, el sistema confeccionó un registro preventivo con los números de médicos, docentes, agentes e integrantes del poder judicial. De esa forma, el monitoreo permite separar las comunicaciones de los trabajadores operativos respecto de las emisiones no permitidas en los recintos. Las actuaciones forman parte de un plan iniciado hace más de un año con supervisión de las autoridades judiciales para detectar irregularidades.
Julián López, ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba
Convenio con Nación e investigaciones complementarias
La firma del acuerdo nacional faculta al Ministerio de Seguridad de la Nación para tramitar las órdenes de baja en forma directa ante el Ente Nacional de Comunicaciones. El ministro Julián López indicó que Córdoba fue la primera en sumarse a este mecanismo para evitar gestiones individuales ante cada empresa de telefonía. Las notas oficiales y las firmas reglamentarias ya fueron cursadas para unificar la tramitación administrativa entre las distintas jurisdicciones participantes.
El monitoreo de señales se complementa con el refuerzo de los controles en los ingresos, las requisas físicas cotidianas y los escáneres de seguridad. En ese marco, los investigadores descubrieron el intento de ingresar mercadería ilegal a los complejos penitenciarios a través de drones. Durante los procedimientos judiciales desplegados por este delito, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 5 personas que se encuentran privadas de la libertad.
Las investigaciones determinaron que la organización desbaratada operaba en horario nocturno realizando más de 90 vuelos para introducir elementos prohibidos en los establecimientos. La causa judicial vinculada al uso de drones se tramita en paralelo con las medidas de rastreo de señal celular implementadas en las unidades. Las inspecciones en los establecimientos penitenciarios continuarán realizándose mediante el escaneo diario para prevenir nuevos intentos de comunicación sin autorización legal.
