El oficialismo impulsa una regulación que legitima a los cuidacoches ilegales en lugar de erradicar la violencia callejera.
El Concejo Deliberante de la Córdoba Capital se convirtió en el escenario de una maniobra política que pretende dar un marco legal a la informalidad de los "naranjitas". En lugar de aplicar una prohibición estricta contra la extorsión en las calles, la gestión de Daniel Passerini propone reglamentar la actividad. Esta postura oficialista ignora los reiterados episodios de agresiones y amenazas que los vecinos deben padecer cada vez que estacionan sus vehículos.
Existen actualmente 7 proyectos en discusión que intentan dar una respuesta institucional a un problema que requiere soluciones de fondo y firmeza policial. La intención del Palacio 6 de Julio es avanzar hacia un sistema de cobro digital que, en la práctica, solo oficializa el esquema de aportes forzados. Los ciudadanos ven con indignación cómo se busca "maquillar" una práctica ilegal con aplicaciones móviles mientras la inseguridad en los barrios no se detiene.
La propuesta absurda de crear la figura de un “asistente urbano” bajo control estatal es interpretada como un intento tibio de no romper el equilibrio social, al tiempo que se agranda el ya sobredimensionado tamaño de la estructura municipal. Esta iniciativa del oficialismo elude la responsabilidad de proteger el espacio público y garantiza la permanencia de grupos que operan bajo sus propias reglas. Así, Passerini pretende que los ciudadanos cordobeses convivan con un sistema que ha demostrado ser un foco de conflictos violentos y de cobros indebidos permanentes.
Frente a la debilidad del oficialismo, algunos sectores de la oposición reclaman medidas punitivas y controles severos bajo la consigna de tolerancia cero. La concejal Jessica Rovetto Yapur sostiene que la única salida viable para los cordobeses es la eliminación total de esta práctica callejera. De esta manera, propone sanciones efectivas y la intervención de la fuerza pública para garantizar que ningún ciudadano sea víctima de exigencias económicas ilegales.
Por otro lado, el oficialismo insiste en programas que incluyen herramientas digitales como códigos QR y sistemas de monitoreo para transparentar los pagos. Estas ideas de "gestión asistida" solo prolongan el conflicto en una ciudad que demanda orden y el respeto irrestricto a las normas de convivencia urbana. Asimismo, también se discuten cupos femeninos y contención social para que el contribuyente sigue pagando dos veces por el uso de la vía pública.
La normativa final que surja del debate parece encaminarse hacia un híbrido reglamentario que no conformará a quienes exigen seguridad jurídica y libertad. La falta de coraje político para prohibir definitivamente a los "naranjitas" deja una puerta abierta a la continuidad de situaciones de violencia y extorsión en la calle. Córdoba necesita una autoridad que priorice el derecho de los vecinos por sobre la conveniencia de mantener estructuras ilegales protegidas por la municipalidad.
