La administración encabezada por el intendente filokirchnerista Daniel Passerini presenta como un logro el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) en la Capital cordobesa a pesar del profundo descontento social. La iniciativa, puesta en marcha el 26 de mayo, derivó en la formalización de los cuidacoches que operaban de forma irregular en las calles en lugar de aplicar su retiro definitivo. Lejos de resolver la problemática demandada por la ciudadanía, el Ejecutivo optó por institucionalizar la actividad para convertir la ocupación del espacio público en una caja de recaudación impositiva permanente.
La decisión gubernamental refleja la tibieza política de una gestión que prefirió ceder ante el conflicto antes que garantizar la libre circulación y la seguridad de los automovilistas. La demanda histórica de los contribuyentes exigía la erradicación completa de la extorsión callejera, pero las autoridades locales respondieron con un esquema tarifado que multiplica las zonas cobradas en la ciudad. Esta medida pone de manifiesto la falta de firmeza institucional para tomar decisiones contundentes frente a un reclamo urbano general que llevaba años sin respuestas efectivas por parte de la municipalidad.
Desde el Palacio 6 de Julio celebran la creación de este nuevo flujo de ingresos arancelados para las arcas públicas mientras la ciudadanía debe costear las tarifas en sectores antes gratuitos. Las estadísticas oficiales publicadas por la ciudad contabilizan 736.384 activaciones de la aplicación digital entre el 26 de mayo y el 4 de agosto en los polígonos delimitados. El incremento del uso de la plataforma durante los fines de semana confirma la extensión del cobro municipal hacia las áreas destinadas a eventos de gran convocatoria pública.
Hasta el momento, ya hubo diversas manifestaciones en barrios de la capital en contra del nuevo sistema de estacionamiento
Incapacidad municipal y afán recaudatorio
El debate parlamentario sobre el ordenamiento de las calzadas involucró intervenciones de la Legislatura provincial y posteriores debates dentro del Concejo Deliberante municipal. Durante las discusiones legislativas, los bloques de la oposición y diversos actores de la sociedad civil expusieron severas objeciones sobre los costos operativos fijados por el esquema. Las advertencias de los representantes vecinales señalaron que la medida no erradicaba el problema de fondo sino que extendía la presencia de los cuidacoches bajo un ropaje administrativo oficial hecho a la medida.
El impulso inicial del proyecto contó con los reportes periódicos presentados por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, referidos a las intervenciones policiales por delitos en la vía pública. Pese a que el panorama delictivo requería sanciones contundentes e intervenciones de las fuerzas de seguridad, la respuesta institucional derivó en la oficialización del cobro tarifado. La conducción de Passerini transformó las crecientes denuncias de los automovilistas en la justificación formal para implementar un sistema que aprovecha para generar recursos para el erario.
La narrativa elaborada por los funcionarios municipales intenta calificar como una muestra de orden urbano la continuidad del cobro por estacionar en la vía pública. No obstante, los ciudadanos cordobeses perciben esta medida como un retroceso que legitima las presiones económicas sobre quienes deben dejar sus vehículos en la calzada. El intento de presentar la regulación como un activo de gestión expone la desconexión entre las prioridades de los funcionarios locales y las exigencias reales de la población.
Los ciudadanos cordobeses perciben esta medida como un retroceso que legitima las pretensiones económicas municipales
El rechazo ciudadano frente a la tibieza municipal
El argumento oficialista sostiene que la implementación del SEMM resolvió una encrucijada histórica mediante la utilización de herramientas tecnológicas y un padrón de trabajadores registrados. Sin embargo, la perspectiva de los conductores cordobeses demuestra la insatisfacción generalizada por tener que pagar un servicio obligatorio que antes era informal pero ahora cuenta con aval municipal. La falta de coraje para aplicar la ley de manera estricta dejó en evidencia los límites de un gobierno que busca maquillar la falta de autoridad con afán recaudatorio.
El panorama político hacia el horizonte de 2027 muestra el intento del oficialismo local por utilizar este controversial sistema como bandera de campaña en el distrito Capital. La estrategia electoral del passerinismo procura instalar el mensaje de haber intervenido sobre un problema complejo, omitiendo el rechazo ciudadano que genera el pago obligatorio del estacionamiento. En la antesala de las contiendas electorales, la insistencia en festejar este esquema confirma la escasa sensibilidad de las autoridades de la Capital frente al malestar de sus propios contribuyentes, que ya han realizado marchas para rechazar esta medida.
La consolidación de este esquema tarifado en las calles de la ciudad deja al descubierto un modelo de gestión que prioriza el ingreso financiero por sobre la tranquilidad ciudadana. Los automovilistas deben someterse diariamente al uso de la aplicación y a las multas por incumplimiento incluso en sectores donde previamente no existían aranceles municipales. El balance de la medida expone a un municipio incapaz de imponer el orden mediante el cumplimiento efectivo de la ley y dispuesto a cobrarle a los vecinos la consecuencia de sus omisiones.
