Passerini disfruta, insólitamente, los resultados de legalizar el negocio de los naranjitas en Córdoba

El impulso inicial del proyecto contó con los reportes periódicos presentados por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, referidos a las intervenciones policiales por delitos en la vía pública. Pese a que el panorama delictivo requería sanciones contundentes e intervenciones de las fuerzas de seguridad, la respuesta institucional derivó en la oficialización del cobro tarifado. La conducción de Passerini transformó las crecientes denuncias de los automovilistas en la justificación formal para implementar un sistema que aprovecha para generar recursos para el erario.

Desde el Palacio 6 de Julio celebran la creación de este nuevo flujo de ingresos arancelados para las arcas públicas mientras la ciudadanía debe costear las tarifas en sectores antes gratuitos. Las estadísticas oficiales publicadas por la ciudad contabilizan 736.384 activaciones de la aplicación digital entre el 26 de mayo y el 4 de agosto en los polígonos delimitados. El incremento del uso de la plataforma durante los fines de semana confirma la extensión del cobro municipal hacia las áreas destinadas a eventos de gran convocatoria pública.

Incapacidad municipal y afán recaudatorio

El debate parlamentario sobre el ordenamiento de las calzadas involucró intervenciones de la Legislatura provincial y posteriores debates dentro del Concejo Deliberante municipal. Durante las discusiones legislativas, los bloques de la oposición y diversos actores de la sociedad civil expusieron severas objeciones sobre los costos operativos fijados por el esquema. Las advertencias de los representantes vecinales señalaron que la medida no erradicaba el problema de fondo sino que extendía la presencia de los cuidacoches bajo un ropaje administrativo oficial hecho a la medida.

La narrativa elaborada por los funcionarios municipales intenta calificar como una muestra de orden urbano la continuidad del cobro por estacionar en la vía pública. No obstante, los ciudadanos cordobeses perciben esta medida como un retroceso que legitima las presiones económicas sobre quienes deben dejar sus vehículos en la calzada. El intento de presentar la regulación como un activo de gestión expone la desconexión entre las prioridades de los funcionarios locales y las exigencias reales de la población.

El rechazo ciudadano frente a la tibieza municipal

El argumento oficialista sostiene que la implementación del SEMM resolvió una encrucijada histórica mediante la utilización de herramientas tecnológicas y un padrón de trabajadores registrados. Sin embargo, la perspectiva de los conductores cordobeses demuestra la insatisfacción generalizada por tener que pagar un servicio obligatorio que antes era informal pero ahora cuenta con aval municipal. La falta de coraje para aplicar la ley de manera estricta dejó en evidencia los límites de un gobierno que busca maquillar la falta de autoridad con afán recaudatorio.

El panorama político hacia el horizonte de 2027 muestra el intento del oficialismo local por utilizar este controversial sistema como bandera de campaña en el distrito Capital. La estrategia electoral del passerinismo procura instalar el mensaje de haber intervenido sobre un problema complejo, omitiendo el rechazo ciudadano que genera el pago obligatorio del estacionamiento. En la antesala de las contiendas electorales, la insistencia en festejar este esquema confirma la escasa sensibilidad de las autoridades de la Capital frente al malestar de sus propios contribuyentes, que ya han realizado marchas para rechazar esta medida.

La consolidación de este esquema tarifado en las calles de la ciudad deja al descubierto un modelo de gestión que prioriza el ingreso financiero por sobre la tranquilidad ciudadana. Los automovilistas deben someterse diariamente al uso de la aplicación y a las multas por incumplimiento incluso en sectores donde previamente no existían aranceles municipales. El balance de la medida expone a un municipio incapaz de imponer el orden mediante el cumplimiento efectivo de la ley y dispuesto a cobrarle a los vecinos la consecuencia de sus omisiones.