Passerini insiste con regular a los naranjitas: el polémico plan de la Iglesia para Córdoba

La oposición denunció que la municipalidad planea gestionar el espacio público como si fuera un programa de asistencia para sectores vulnerables. La concejala Elisa Caffaratti advirtió que existen al menos 1.500 personas operando en las calles sin ningún tipo de orden gubernamental. El enfoque asistencialista ignora la necesidad de establecer un orden institucional claro y convierte al contribuyente en el principal financista.

Aumento de la presión fiscal y falta de datos técnicos

El proyecto oficialista contempla que los cobros de estacionamiento se realicen mediante plataformas digitales para evitar el uso del efectivo. Sin embargo sectores advierte que esta reestructuración derivará en un nuevo impuestazo masivo para todos los automovilistas cordobeses. La ampliación de las zonas de cobro busca aumentar la recaudación del municipio mediante la tercerización de tareas en favor de las cooperativas.

No se informaron datos objetivos sobre el impacto económico ni la cantidad exacta de cuadras que quedarán bajo este nuevo régimen de explotación. La falta de transparencia técnica profundiza la incertidumbre sobre el costo final que deberán afrontar los propietarios de vehículos particulares. El intendente Daniel Passerini se alinea con los sectores que cuestionan las políticas nacionales de ajuste para justificar este gasto público.

El modelo propuesto por el Arzobispado de Córdoba se olvida garantizar la seguridad jurídica. La regulación de una actividad informal en lugar de su eliminación definitiva representa un retroceso para la institucionalidad del espacio común. Mientras el debate legislativo avanza los ciudadanos cordobeses observan con preocupación cómo se legaliza un sistema de coacción en cada esquina.