El bloque oficialista de la Legislatura de Córdoba resolvió frenar momentáneamente el ascenso del fiscal de instrucción Iván Rodríguez en la estructura del poder judicial. La determinación busca bloquear su designación formal como fiscal adjunto de la flamante Procuración Penitenciaria ante las severas objeciones de las bancadas opositoras en su contra. Los legisladores mayoritarios acordaron un mecanismo institucional para evitar que el cuestionado funcionario preste el juramento de ley regulado por la constitución de la provincia.
La bancada del Partido Justicialista rechazará de manera formal el planteo promovido por el radicalismo para revocar el nombramiento definitivo de forma directa. Sin embargo, los parlamentarios del oficialismo consensuaron un dictamen intermedio para solicitar formalmente al Tribunal Superior de Justicia que aplace la asunción del fiscal. La vía administrativa más firme consistirá en una notificación formal remitida al máximo tribunal con la firma de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
El magistrado en cuestión arrastra severos cuestionamientos públicos por su intervención previa en un expediente penal que involucró directamente a Claudio Barrelier. El mencionado imputado se encuentra actualmente bajo prisión preventiva acusado por el asesinato de la menor Agostina Vega. Las autoridades del poder legislativo admitieron de forma reservada que resulta indispensable emitir una respuesta clara para descomprimir la alta tensión política.
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Esquema de asunciones en la Procuración Penitenciaria
Los voceros del Tribunal Superior de Justicia de Córdobamanifestaron de modo extraoficial que el postulante objetado no asumirá sus funciones operativas en lo inmediato. Las máximas autoridades de la judicatura provincial esperarán que el Tribunal de Enjuiciamiento resuelva si corresponde la apertura del proceso definitivo de destitución. “Falta definir el mecanismo de la comunicación, pero la decisión está tomada: vamos a dejar bien claro que Rodríguez no asumirá en la Procuración Penitenciaria hasta que se resuelva la cuestión del jury”, admitieron las fuentes.
El escenario de debate parlamentario incrementará su temperatura institucional durante los próximos días al concretarse los actos protocolares de asunción de las nuevas autoridades designadas. El tribunal supremo receptará los juramentos de ley correspondientes a Bettina Croppi, quien ejercerá las funciones de procuradora penitenciaria general del organismo estatal. Asimismo, las funcionarias Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano asumirán de modo formal los cargos de fiscales adjuntas asignados por concurso.
El cronograma administrativo de nombramientos se completará de forma efectiva antes de la finalización del corriente mes con la incorporación técnica de Melina Matía en la secretaría técnica penitenciaria. La funcionaria ocupará la conducción operativa encargada de supervisar los establecimientos carcelarios; mientras, el fiscal de instrucción Raúl Garzón, a quien también la oposición le pidió un jury, continuará en los tribunales ordinarios sin correr riesgos. La carrera del funcionario Iván Rodríguez permanecerá en suspenso definitivo hasta que las autoridades del jurado de enjuiciamiento examinen los descargos presentados.
