Propuestas de juicio abreviado para 10 imputados en la Megacausa Bomberos en Córdoba
El caso persigue las responsabilidades penales de una organización acusada de gestionar la entrega irregular de certificados de seguridad para la habilitación de comercios
El fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo ofreció acuerdos de juicio abreviado con penas de prisión de hasta 6 años y 8 meses para 10 imputados en la investigación judicial conocida como Megacausa Bomberos en la provincia de Córdoba. El caso persigue las responsabilidades penales de una organización acusada de gestionar la entrega irregular de certificados de seguridad para la habilitación de comercios, salones de eventos y grandes superficies. Entre los principales acusados de la causa figura Gustavo Folli Pedetta, quien se desempeñó previamente como jefe del cuerpo de Bomberos, subjefe de la Policía de Córdoba y director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba.
La investigación penal llevada adelante por el fiscal Guillermo González determinó que las maniobras irregulares expusieron a miles de personas a riesgos de seguridad por el incumplimiento de las normativas vigentes en los locales. La documentación apócrifa permitió la apertura formal de establecimientos comerciales entre los que figuran Cyre SA, que abarca a Supermercados Cordiez y Mercamax, la firma Casa del Médico, la cancha Garden Padel y la discoteca Vlack. Además del ex jefe policial, la nómina de procesados en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba abarca a jefes de bomberos, un inspector municipal, gestores privados y empresarios locales acusados de integrar una asociación ilícita.
La propuesta formal presentada por el fiscal Marcelo Hidalgo requiere la confesión explícita de los 10 acusados para evitar la realización del debate oral y público ordinario ante tribunales integrados por jurados populares. El representante del Ministerio Público Fiscal otorgó un plazo de 12 días hábiles a los abogados defensores para analizar la aceptación de las sanciones propuestas y acceder a penas más cercanas al mínimo legal. Las condiciones del acuerdo incluyen el pago de multas por lucro, el decomiso de bienes vinculados a los ilícitos y la anulación judicial definitiva de la totalidad de las habilitaciones y certificados falsificados.
Según la acusación, Folli habría montado una oficina de Asesoramiento y Proyectos Técnicos paralela, para tramitar los certificados de Bomberos
Propuestas de condenas e inhabilitaciones para imputados
Para el ex jefe policial Gustavo Folli Pedetta, que permanece alojado en la cárcel de Bouwer, el fiscal solicitó la pena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva junto a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos. La acusación atribuida al ex jefe abarca los delitos de asociación ilícita como jefe u organizador, falsedad ideológica, coacción, amenazas y lesiones graves calificadas por violencia de género contra su ex pareja. En tanto, para el imputado Julio Zárate, el fiscal de Cámara propuso una sanción de 6 años y 6 meses de prisión efectiva y una inhabilitación especial de 24 años para desempeñarse como gestor.
El requerimiento formulado por la fiscalía propuso una pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva para Sergio Enrique Sosa, mientras que para Roque Javier Olmedo solicitó 4 años de prisión efectiva y 16 años de inhabilitación comercial. Respecto a los profesionales imputados, el ingeniero en Higiene y Seguridad Mario Javier García recibió una propuesta de 3 años y 8 meses de prisión efectiva y 14 años de inhabilitación profesional en su disciplina. Por su parte, para el ingeniero civil Félix Rafael Calama se pidió una sanción de 3 años y 6 meses de prisión efectiva junto con 11 años de inhabilitación profesional para ejercer la ingeniería.
La propuesta del Ministerio Público Fiscal contempla para el ex funcionario policial José Leonardo Gorosito una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva acompañada de 12 años de inhabilitación para funciones de seguridad. Asimismo, para la imputada Mónica Elizabeth Barrionuevo la fiscalía requirió una sanción de 3 años y 3 meses de prisión efectiva e inhabilitación de 10 años para desempeñarse en empleos públicos. En cuanto a los empresarios del sector privado, Marcos Octavio Gennaro y Miguel Ángel Amil recibieron pedidos de 3 años de prisión efectiva con inhabilitaciones especiales de 7 años y de 6 años y 8 meses respectivamente.
Marcelo Hidalgo, fiscal de la causa
Situación procesal y división del debate
La investigación original iniciada en el fuero penal incluyó a 16 acusados en total, entre los cuales figuró un imputado que brindó testimonio beneficiado por la aplicación de la Ley del Arrepentido. Con anterioridad a esta instancia, los ex policías bomberos Marcos Luquez y Eduardo Rivadero aceptaron un acuerdo de juicio abreviado inicial en el que recibieron la condena de 3 años de prisión en ejecución condicional. En la actualidad, el Juzgado de Control analiza un acuerdo de juicio abreviado inicial presentado para los empresarios de Supermercados Cordiez, Darío Brasca y Natalia Brasca, junto a Carlos Ariel Goldaracena Altamirano.
Ante la posibilidad de que los procesados rechacen las propuestas acordadas y se realice un juicio abierto, el fiscal Marcelo Hidalgo solicitó separar el juzgamiento de los hechos de corrupción administrativa de las acusaciones personales. El planteo fundamenta que las denuncias por abuso físico, psíquico y violencia de género formuladas contra Gustavo Folli Pedetta deben analizarse obligatoriamente en un debate a puertas cerradas para resguardar la intimidad. Esta división busca evitar que las evidencias de violencia expuestas generen prejuicios negativos en los jurados populares asignados a juzgar de forma exclusiva la causa de corrupción e irregularidades institucionales.
La separación de los juicios planteada por la fiscalía pretende evitar la exposición reiterada de la víctima de violencia ante los restantes 9 imputados, sus representantes legales y los jurados legos intervinientes en el proceso. El fiscal Marcelo Hidalgo remarcó además la urgencia procesal de resolver la causa antes del próximo 26 de diciembre, fecha límite en la cual vencerán los plazos fijados para la prisión preventiva. Toda propuesta de juicio abreviado presentada por el órgano acusador requiere el acuerdo voluntario de las partes implicadas y el posterior control formal de legalidad ejercido por el tribunal competente.
