La trágica muerte de la adolescente Agostina Vega ha dejado al descubierto la desidia administrativa de la Municipalidad de Córdoba, forzando a los concejales a discutir, bajo presión, normativas que debieron ser la norma desde el primer día. Mientras la Justicia de Córdoba investiga la participación de un exbecario municipal, Claudio Barrelier, en el aberrante hecho, el Concejo Deliberante de Córdoba debate hoy la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes y realizar exámenes toxicológicos para quienes cobran un sueldo público.
Actualmente, el municipio carece de un sistema de fiscalización eficiente, permitiendo situaciones tan graves como la de empleados que acumulan faltas injustificadas mientras cumplen condenas o atraviesan procesos judiciales. La propuesta en comisión busca exigir certificados de no inscripción en registros de deudores alimentarios, registros de delincuentes sexuales y, finalmente, un examen de narcotest para asegurar la aptitud de quienes ocupan puestos en el Estado.
