Un total de 420 familias residentes en la localidad cordobesa de Mendiolaza mantiene un reclamo administrativo frente al Ejecutivo municipal por la ejecución de la red de gas natural. Los ciudadanos damnificados manifestaron que efectuaron los pagos correspondientes a las conexiones domiciliarias entre los años 2004 y 2010 que nunca se hicieron. El descontento social se incrementó luego de recibir intimaciones de cobro amparadas en nuevas normativas aprobadas por las autoridades de la ciudad.
La vocera de los vecinos autoconvocados, Andrea Palomo, detalló que el origen de las contribuciones se remonta al año 2004 bajo la vigencia de la ordenanza número 389/2004. Los registros particulares indican el abono de sumas que alcanzaron los $1500 en el año 2006 mediante planes de cancelación al contado. La vocera expuso que las redes troncales provinciales se instalaron formalmente en el año 2016 pero el suministro nunca ingresó a las viviendas.
Las comisiones de trabajo legislativo analizan la viabilidad de iniciar una denuncia penal colectiva por presunta estafa si expira el receso previsto para julio. La concejala Melina Catraro, del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, requirió una convocatoria urgente para revisar las normativas vigentes en la materia. La edila advirtió sobre la presencia de notorias inconsistencias jurídicas derivadas de la superposición de regulaciones locales sobre el servicio público.
Las normativas emitidas en el año 2024 bajo el número 1061/2024 fijaron un bono de contribución por mejoras que obliga a costear nuevamente la infraestructura. Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la intendenta Adela Arning, los damnificados evalúan recurrir a los tribunales ordinarios. El costo estimado para realizar el tendido de los caños de forma particular con la prestataria Ecogas supera actualmente los $2000000.
Obra actualmente ejecutada en una de las calles de Mendiolaza
Acciones legales y posturas en el legislativo
Los usuarios afectados presentaron un descargo formal ante los integrantes del Concejo Deliberante local con el patrocinio del asesor letrado Eduardo Martínez. El abogado argumentó que la responsabilidad institucional del municipio permanece inalterable más allá de las variaciones en el signo político de la gestión. Los representantes legales sostienen que los decretos comunales recientes interrumpen los plazos de prescripción al reconocer la existencia de los aportes previos.
Los bloques de la oposición parlamentaria señalaron la necesidad de transparentar el impacto de las medidas dictadas sobre el erario del municipio. Los expedientes bajo estudio técnico revelan una marcada fragmentación en el sistema de extensión de redes dentro de los diferentes barrios residenciales. El cuerpo legislativo local aguarda la remisión de los informes detallados por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo para dictaminar.
Vecinos autoconvocados de Mendiolaza que reclaman la instalación del gas, abonada desde hace dos décadas
Respuestas de las autoridades locales
El secretario de Gobierno municipal, Javier Masuero, ratificó que la actual administración busca canalizar una problemática que arrastra más de dos décadas de vigencia. El funcionario argumentó que los fondos depositados por los vecinos en períodos anteriores se destinaron a obras generales y no al trazado domiciliario. La escasez de archivos oficiales de los períodos comprendidos entre 2004 y 2010 dificulta la verificación inmediata de los legajos de pago.
El Poder Ejecutivo intentó mitigar el impacto financiero de las deudas mediante la emisión del decreto número 0083/2026 durante el corriente año. La normativa establece un mecanismo de reconocimiento voluntario que otorga notas de crédito aplicables sobre las obligaciones de la tasa inmobiliaria. El beneficio administrativo dispone topes de compensación económica equivalentes a un año de tributos para los contribuyentes que exhiban sus recibos.
Los damnificados rechazaron la medida por considerar que los bonos fiscales representan menos del 10% del valor total de la instalación de gas requerida. Javier Masuero ponderó que la ciudad ejecuta un plan de infraestructura histórica con $3.000.000.000 de recursos propios. Las planillas de obra certifican la existencia de 20000 metros de cañerías en diferentes etapas de desarrollo operativo en la localidad.
