El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con las principales cadenas de supermercados del país, que llevaron un diagnóstico contundente: el mayor obstáculo hoy no es la macroeconomía, sino las tasas municipales que encarecen directamente los precios y golpean al consumo.
Del encuentro participaron ejecutivos de empresas como Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima. Según explicó el propio ministro, los empresarios señalaron que muchas de estas tasas “no tienen una contraprestación que las justifique”, lo que las convierte en un costo que termina trasladándose directamente a los precios que pagan los consumidores.
El intendente kirchnerista de Lanús ostenta el récord de la tasa más alta.
Las críticas se concentraron especialmente en municipios del conurbano bonaerense, donde predomina la gestión kirchnerista. Entre los casos mencionados, se destacó el de Lanús, gobernado por Julián Álvarez (PJ), donde la tasa alcanza el 6,36%. También el municipio de Pilar, bajo la gestión de Federico Achával (PJ), fue señalado por aplicar un esquema que combina una tasa del 4,50%, un adicional del Fondo Educativo y una percepción del 2% por tasa "ambiental".
A estos se suman otros distritos con estructuras similares, como Luján, Hurlingham, Bahía Blanca, Moreno y Quilmes, donde las tasas base se incrementan mediante adicionales que elevan significativamente la carga final. En todos los casos, el denominador común es la falta de una prestación concreta que justifique estos cobros.
El planteo de los supermercados se enmarca en un fenómeno más amplio que viene generando distorsiones en distintos sectores de la economía. Tal como ya se observó en el caso de los combustibles, donde las tasas viales municipales impactan directamente en el precio final, estos recargos locales terminan funcionando como un impuesto indirecto al consumo.
Federico Achaval, intendente creador de la tasa "ambiental" del 2%.
En el caso de los alimentos, el efecto es aún más sensible. A diferencia de otros costos, estas tasas no pueden ser absorbidas por las empresas sin afectar su rentabilidad, por lo que se trasladan de manera automática a las góndolas. El resultado es un encarecimiento generalizado que golpea especialmente a los sectores de menores ingresos.
Este esquema pone en evidencia una tensión creciente entre la política económica del Gobierno nacional y la irresponsabilidad fiscal de muchos municipios, en su mayoría alineados con el kirchnerismo. Mientras la administración de Javier Milei avanza en la reducción de impuestos y la desregulación, a nivel local se multiplican mecanismos que aumentan la presión sobre los consumidores.
