La Corte Suprema de los Estados Unidos se mostró inclinada a respaldar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump para poner fin a protecciones temporales contra la deportación, en un caso clave que podría redefinir el alcance del poder ejecutivo y el rol de los tribunales federales en materia migratoria.
Durante los alegatos orales realizados el miércoles, la mayoría conservadora del tribunal sugirió que los tribunales podrían no tener autoridad para revisar decisiones relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que actualmente permite a más de un millón de inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La discusión giró en torno a una disposición incluida por el Congreso que establece que las ''determinaciones'' del Ejecutivo sobre el TPS no están sujetas a revisión judicial.
El presidente del tribunal, John Roberts, y el juez Samuel Alito expresaron dudas sobre la viabilidad de los argumentos presentados por los demandantes, quienes buscan frenar la decisión de la administración Trump de eliminar el TPS para ciertos países, entre ellos Haití y Siria. Ambos magistrados destacaron precedentes que refuerzan la idea de que el Congreso limitó explícitamente la intervención judicial en este tipo de decisiones.
La postura de la administración Trump se basa en la premisa de que la política migratoria es una competencia central del poder ejecutivo, que debe poder adaptarse a cambios en el contexto internacional sin interferencias constantes de los tribunales. En este sentido, sus defensores argumentan que permitir revisiones judiciales amplias debilita la capacidad del gobierno para actuar con rapidez ante transformaciones geopolíticas o humanitarias.
El programa TPS fue ampliado considerablemente durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden, que extendió o concedió protecciones a ciudadanos de 17 países. Críticos de esa política sostienen que el programa perdió su carácter temporal y se convirtió en un mecanismo de permanencia prolongada sin revisiones estrictas sobre las condiciones en los países de origen.
En contraste, la administración Trump ha promovido una revisión más estricta de estas designaciones. Un punto clave del debate fue la situación en Siria, donde la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024 fue citada como evidencia de un cambio significativo en las condiciones del país. El juez Brett Kavanaugh destacó este hecho durante la audiencia, sugiriendo que las circunstancias actuales podrían no justificar la continuidad del TPS para ciudadanos sirios.
