El fiscal del condado de Fairfax, Virginia, Steve Descano, enfrenta fuertes críticas de legisladores republicanos que lo acusan de obstaculizar una investigación del Congreso sobre un trato preferencial que su oficina habría otorgado a acusados que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes abrió a comienzos de año una investigación para determinar si los fiscales de Fairfax han ofrecido acuerdos más favorables, solicitado penas de prisión menores o retirado cargos contra extranjeros en situación irregular en circunstancias que no se aplicarían de la misma manera a ciudadanos estadounidenses.
El presidente del comité, Jim Jordan, republicano de Ohio, y el presidente del Subcomité de Inmigración, Tom McClintock, republicano de California, enviaron cartas a Descano en enero y junio solicitando documentos sobre las políticas de su oficina para procesar a acusados extranjeros.
En una nueva carta enviada esta semana, ambos legisladores acusaron al fiscal demócrata de bloquear deliberadamente la investigación al negarse a entregar los documentos solicitados. Según Jordan y McClintock, Descano ha argumentado que el Congreso carece de autoridad para supervisar las actuaciones de una fiscalía local que procesa casos en tribunales estatales.
El fiscal demócrata de Virginia, Steve Descano, fue acusado de otorgar tratos preferenciales a inmigrantes ilegales
Los republicanos rechazaron esa interpretación y sostuvieron que las facultades de supervisión del Congreso son amplias, especialmente cuando una cuestión estatal tiene implicaciones para los intereses federales. A su juicio, las políticas de las llamadas jurisdicciones santuario pueden interferir directamente con las leyes federales de inmigración.
Jordan y McClintock señalaron específicamente que una decisión de no procesar o procesar con menor severidad a extranjeros podría contribuir a evitar consecuencias migratorias y, por tanto, afectar la autoridad constitucional del Congreso sobre inmigración. También plantearon que un eventual trato preferencial basado en la nacionalidad o condición migratoria podría generar problemas bajo las leyes federales de derechos civiles.
Las críticas contra Descano se intensificaron después del asesinato de Stephanie Minter, una mujer que fue apuñalada en una parada de autobús en Fredericksburg, Virginia. Por el crimen fue detenido Abdul Jalloh, ciudadano de Sierra Leona que, según las autoridades citadas en la investigación, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.
Jalloh, de 32 años, tenía más de 30 arrestos previos antes de la muerte de Minter. Sin embargo, la oficina de Descano había retirado cargos contra él en varias ocasiones. El caso provocó cuestionamientos sobre si las decisiones de la fiscalía contribuyeron a que permaneciera en libertad antes del ataque.
El diputado republicano Jim Jordan solicitó a Descano detalles acerca de sus políticas, las cuales nunca fueron respondidas
Durante una audiencia ante el Subcomité de Inmigración de la Cámara en mayo, la madre de la víctima, Cheryl Minter, responsabilizó a las fallas del sistema de justicia por haber perdido la oportunidad de evitar la tragedia.
''Esta es una experiencia que nunca volveré a tener'', afirmó Minter al recordar a su hija y lamentar las consecuencias de las decisiones adoptadas antes del asesinato.
Otros legisladores también presentaron ejemplos que muestran un patrón preocupante en la actuación de la fiscalía de Fairfax. El representante Brandon Gill, republicano de Texas, afirmó durante la audiencia que Descano ayudó en 2024 a un extranjero acusado de violar a una menor de edad al ofrecerle un acuerdo que redujo los cargos y terminó con una sentencia suspendida, evitando así una pena efectiva de prisión.
El diputado republicano de Texas, Brandon Gill, afirmó que Descano en 2024 ayudó a un inmigrante ilegal acusado de violar a una menor de edad
El representante Brad Knott, republicano de Carolina del Norte, señaló otro caso ocurrido en 2023. Según el legislador, la oficina de Descano retiró cargos contra un extranjero acusado de secuestrar a una niña de cuatro años con la intención de agredirla sexualmente, después de intentar ofrecerle un acuerdo de culpabilidad considerado especialmente favorable.
Estos casos han convertido a Descano en blanco de crecientes críticas por parte de republicanos que cuestionan las políticas progresistas de procesamiento penal aplicadas en Fairfax. Los legisladores sostienen que la investigación busca determinar si esas políticas han permitido que acusados que se encuentran ilegalmente en el país reciban un trato más indulgente y eviten consecuencias migratorias.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación del Congreso y no constituyen una determinación judicial de que Descano haya violado la ley. Sin embargo, Jordan y McClintock mantienen la presión para obtener los documentos solicitados y advierten que la negativa del fiscal a cooperar constituye un obstáculo para esclarecer si su oficina ha aplicado criterios distintos a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
Descano posee varias acusaciones por tratos preferenciales a inmigrantes ilegales que han cometido horríficos crímenes
