Un fiscal demócrata de Virginia fue acusado de bloquear una investigación sobre beneficios a inmigrantes ilegales

Jalloh, de 32 años, tenía más de 30 arrestos previos antes de la muerte de Minter. Sin embargo, la oficina de Descano había retirado cargos contra él en varias ocasiones. El caso provocó cuestionamientos sobre si las decisiones de la fiscalía contribuyeron a que permaneciera en libertad antes del ataque.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Inmigración de la Cámara en mayo, la madre de la víctima, Cheryl Minter, responsabilizó a las fallas del sistema de justicia por haber perdido la oportunidad de evitar la tragedia.

Los republicanos rechazaron esa interpretación y sostuvieron que las facultades de supervisión del Congreso son amplias, especialmente cuando una cuestión estatal tiene implicaciones para los intereses federales. A su juicio, las políticas de las llamadas jurisdicciones santuario pueden interferir directamente con las leyes federales de inmigración.

Jordan y McClintock señalaron específicamente que una decisión de no procesar o procesar con menor severidad a extranjeros podría contribuir a evitar consecuencias migratorias y, por tanto, afectar la autoridad constitucional del Congreso sobre inmigración. También plantearon que un eventual trato preferencial basado en la nacionalidad o condición migratoria podría generar problemas bajo las leyes federales de derechos civiles.

Las críticas contra Descano se intensificaron después del asesinato de Stephanie Minter, una mujer que fue apuñalada en una parada de autobús en Fredericksburg, Virginia. Por el crimen fue detenido Abdul Jalloh, ciudadano de Sierra Leona que, según las autoridades citadas en la investigación, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.

''Esta es una experiencia que nunca volveré a tener'', afirmó Minter al recordar a su hija y lamentar las consecuencias de las decisiones adoptadas antes del asesinato.

Otros legisladores también presentaron ejemplos que muestran un patrón preocupante en la actuación de la fiscalía de Fairfax. El representante Brandon Gill, republicano de Texas, afirmó durante la audiencia que Descano ayudó en 2024 a un extranjero acusado de violar a una menor de edad al ofrecerle un acuerdo que redujo los cargos y terminó con una sentencia suspendida, evitando así una pena efectiva de prisión.

El representante Brad Knott, republicano de Carolina del Norte, señaló otro caso ocurrido en 2023. Según el legislador, la oficina de Descano retiró cargos contra un extranjero acusado de secuestrar a una niña de cuatro años con la intención de agredirla sexualmente, después de intentar ofrecerle un acuerdo de culpabilidad considerado especialmente favorable.

Estos casos han convertido a Descano en blanco de crecientes críticas por parte de republicanos que cuestionan las políticas progresistas de procesamiento penal aplicadas en Fairfax. Los legisladores sostienen que la investigación busca determinar si esas políticas han permitido que acusados que se encuentran ilegalmente en el país reciban un trato más indulgente y eviten consecuencias migratorias.

Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación del Congreso y no constituyen una determinación judicial de que Descano haya violado la ley. Sin embargo, Jordan y McClintock mantienen la presión para obtener los documentos solicitados y advierten que la negativa del fiscal a cooperar constituye un obstáculo para esclarecer si su oficina ha aplicado criterios distintos a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.