El gobierno de Trump advirtió a la Unión Europea por sus regulaciones a empresas estadounidenses

Aunque estas reformas redujeron el número de compañías sujetas a las normas respecto de su diseño original, la administración Trump considera que todavía representan una carga considerable para las empresas estadounidenses.

Puzder sostuvo que el alcance extraterritorial de las directivas y las exigencias relacionadas con las cadenas de suministro podrían perjudicar la capacidad de las compañías estadounidenses para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado europeo.

La preocupación también es compartida por grupos empresariales estadounidenses. La Asociación Nacional de Productores, que representa a unas 14.000 empresas de diferentes sectores, ha advertido que las obligaciones de diligencia debida podrían extenderse indirectamente a empresas más pequeñas, compañías privadas y negocios no europeos que formen parte de las cadenas de suministro de grandes corporaciones.

El grupo sostiene además que los fabricantes estadounidenses ya enfrentan costos superiores a los 350.000 millones de dólares anuales para cumplir con las regulaciones nacionales, por lo que nuevas obligaciones europeas podrían incrementar aún más la carga sobre las compañías que buscan competir internacionalmente.

La administración del presidente Donald Trump aumentó la presión sobre la Unión Europea para que reduzca aún más sus regulaciones corporativas y ambientales, al considerar que Bruselas todavía no ha cumplido plenamente los compromisos asumidos durante las negociaciones comerciales celebradas en 2025.

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, afirmó el viernes que el bloque debe avanzar en las reformas prometidas durante las conversaciones con Trump en Turnberry, Escocia, en julio del año pasado. Según Washington, aquellas negociaciones incluyeron compromisos destinados a reducir las barreras no arancelarias que dificultan el acceso de empresas estadounidenses al mercado europeo.

''Ahora es tiempo de que la UE cumpla'', escribió Puzder en X.

Un comunicado del Gobierno estadounidense publicado junto al mensaje reconoció que Bruselas había implementado ''algunas reformas positivas'', pero sostuvo que los cambios realizados hasta ahora no responden completamente a las preocupaciones de Washington.

''Estados Unidos tomará todas las acciones necesarias para abordar cargas irrazonables sobre el comercio estadounidense en ausencia de una solución que atienda estas preocupaciones'', advirtió el Gobierno.

El enfrentamiento se centra principalmente en dos normas relacionadas con la agenda ambiental de la Unión Europea: la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad, conocida como CSDDD, y la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad, o CSRD.

La CSDDD exige a determinadas grandes empresas identificar y abordar posibles impactos negativos sobre los derechos humanos y el medioambiente derivados de sus operaciones y relaciones comerciales. La CSRD, por su parte, obliga a determinadas compañías a divulgar información sobre sus impactos ambientales y sociales.

Uno de los principales puntos de preocupación para Washington es que ambas normativas pueden afectar a empresas con sede fuera de la Unión Europea cuando desarrollan un volumen suficiente de negocios dentro del bloque.

Durante el marco comercial acordado el año pasado, Bruselas se comprometió a trabajar para garantizar que las dos directivas no representaran restricciones indebidas al comercio transatlántico. La UE también aceptó abordar las preocupaciones estadounidenses relacionadas con la aplicación de la CSDDD a empresas no europeas.

Desde entonces, las instituciones europeas han reducido el alcance de ambas normativas como parte de una campaña destinada a disminuir la burocracia y simplificar las obligaciones empresariales.

Los cambios aprobados por los legisladores europeos en diciembre de 2025 y posteriormente ratificados por el Consejo en febrero elevaron significativamente los requisitos para que una compañía quede incluida en la CSDDD. La normativa pasó a concentrarse en empresas con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a 1.500 millones de euros. Para las compañías no europeas, el umbral se establece en más de 1.500 millones de euros de facturación dentro de la UE.

La CSRD también fue limitada. Las nuevas disposiciones contemplan a determinadas empresas matrices no europeas cuando generan más de 450 millones de euros de facturación anual dentro del bloque y cuentan con una filial o sucursal que supera los 200 millones de euros.

Bruselas, sin embargo, no parece dispuesto a aceptar que las conversaciones comerciales con Washington determinen su política regulatoria. Un portavoz de la Comisión Europea afirmó que la UE había realizado ''esfuerzos considerables'' para explicar sus normas y reiteró su disposición a trabajar con Estados Unidos para ampliar el comercio.

Al mismo tiempo, el funcionario dejó clara la posición del bloque: ''Nuestro marco regulatorio ni nuestra autonomía regulatoria están sujetos a negociación''.

La disputa forma parte de un conflicto más amplio entre Washington y Bruselas sobre las barreras no arancelarias. Puzder también criticó recientemente el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, al que calificó como un ''arancel con otro nombre'' por los costos que puede imponer a los exportadores estadounidenses.

A esto se suma un informe de la Casa Blanca publicado esta semana que incluyó a la Unión Europea entre más de 40 economías presuntamente vinculadas a una red internacional de transbordo utilizada para desviar productos relacionados con China y evitar los aranceles estadounidenses.

Según el escenario central utilizado por Washington, unos 75.000 millones de dólares en mercancías podrían estar involucrados anualmente en operaciones ilegales de transbordo, lo que potencialmente supondría pérdidas de entre 19.000 y 26.000 millones de dólares en ingresos federales estadounidenses.

La nueva presión de Trump refleja así una estrategia más amplia para reducir obstáculos que perjudican a las empresas estadounidenses. Washington sostiene que los acuerdos comerciales deben traducirse en condiciones más equilibradas y que las regulaciones extranjeras no deberían convertirse en barreras encubiertas contra los productos y compañías estadounidenses.

La respuesta de Bruselas anticipa nuevas tensiones. Mientras Trump busca utilizar los compromisos comerciales de 2025 para obtener mayores concesiones, la Unión Europea insiste en conservar su capacidad de establecer sus propias normas ambientales y corporativas.

El enfrentamiento podría convertirse en uno de los principales puntos de fricción de la relación económica transatlántica, especialmente si Washington decide adoptar nuevas medidas para presionar a Bruselas a modificar las regulaciones que considera excesivas.