El gobierno de Trump intensifica la lucha contra el fraude tras detectar USD 100.000 millones en préstamos del COVID

El PPP fue diseñado para ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores durante la pandemia, mientras que el programa EIDL proporcionó préstamos y anticipos destinados a cubrir las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.

La magnitud de las irregularidades refleja uno de los problemas más importantes de los programas de asistencia federal implementados durante la pandemia. En 2023, la propia SBA estimó que alrededor del 20% de los 1,2 mil millones de dólares distribuidos mediante los programas de alivio podrían haber sido obtenidos fraudulentamente.

La administradora de la SBA, Kelly Loeffler, destacó que la revisión del IRS constituye una nueva vía para identificar a quienes habrían utilizado información falsa para acceder a fondos públicos. Según la funcionaria, los casos en los que se inflaron las nóminas, se inventaron empleados, se falsificaron registros empresariales o se proporcionaron otros datos incorrectos quedarán ahora bajo mayor escrutinio.

La administración Trump sostiene que la recuperación de esos recursos y la persecución de los responsables forman parte de una importante estrategia para proteger el dinero de los contribuyentes y reforzar los controles sobre los programas federales.

El gobierno también ha tomado otras medidas contra los presuntos responsables de fraude relacionado con los préstamos COVID-19. En abril, la SBA informó que había remitido 562.000 préstamos sospechosos al Departamento del Tesoro para iniciar procesos de cobro. Se trata de préstamos PPP y EIDL considerados suficientemente vencidos para ser enviados a una oficina del Tesoro encargada de recuperar deudas federales.

La administración del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra el fraude cometido durante los programas de ayuda económica implementados durante la pandemia, después de que las autoridades fiscales identificaran aproximadamente 100.000 millones de dólares en préstamos que presentan indicios de fraude tributario.

El hallazgo surgió luego de que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) remitiera a comienzos de este año más de 200.000 millones de dólares en préstamos sospechosos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). La agencia tributaria comparó posteriormente la información que los beneficiarios entregaron al solicitar los préstamos con los datos que declararon ante el fisco.

El análisis permitió detectar discrepancias relacionadas con unos 100.000 millones de dólares en préstamos, según informó la SBA el 23 de septiembre. El IRS deberá determinar ahora si corresponde exigir impuestos adicionales, sanciones u otras penalidades, incluidas aquellas asociadas con posibles casos de fraude.

Los préstamos bajo revisión corresponden principalmente al Programa de Protección de Nóminas (PPP) y a los Préstamos por Desastres por Daños Económicos (EIDL), dos de los principales mecanismos creados por el Gobierno federal para sostener a pequeñas empresas durante la crisis provocada por el COVID-19.

La SBA señaló que tenía la obligación legal de remitir esos préstamos cuando alcanzaban determinado nivel de morosidad. La agencia afirmó además que durante la administración anterior no se habían enviado esos casos a las autoridades correspondientes para su investigación y cobro, una situación que el actual gobierno busca corregir.

La ofensiva también contempla restricciones para impedir que personas sospechosas de haber defraudado programas de ayuda vuelvan a recibir fondos federales. El vicepresidente JD Vance, quien dirige un grupo de trabajo sobre el fraude relacionado con el COVID-19, anunció el pasado 14 de septiembre la suspensión permanente de aproximadamente 870.000 personas de futuros préstamos federales.

Según la administración, esas personas están vinculadas a sospechas de haber obtenido ilegalmente unos 39.000 millones de dólares de los programas destinados a pequeñas empresas durante la pandemia.

El esfuerzo se produce en un contexto más amplio de pérdidas derivadas del fraude contra el Gobierno federal. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) estimó en un informe de abril de 2024 que el Gobierno estadounidense pierde entre 233.000 millones y 521.000 millones de dólares anuales por distintos tipos de fraude.

El nuevo cruce de información entre la SBA y el IRS amplía significativamente la capacidad de las autoridades para detectar inconsistencias que anteriormente podían permanecer ocultas. Para la administración Trump, el objetivo es utilizar esas herramientas para recuperar fondos públicos, imponer sanciones cuando corresponda y dificultar que quienes hayan defraudado al gobierno vuelvan a acceder a recursos federales.