Washington aplicó restricciones migratorias a funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico.
Estados Unidos anunció este lunes la revocación o restricción de visas para funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como parte de una nueva política de la administración de Donald Trump dirigida contra extranjeros a los que Washington acusó de utilizar la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos democráticamente elegidos.
La medida afecta a 27 personas y a familiares directos y fue presentada por el Departamento de Estado como una herramienta para proteger el Estado de derecho y reforzar la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Washington señaló que las restricciones se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a extranjeros cuando sus actividades puedan generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
''Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos'', afirmó el Departamento de Estado al anunciar las medidas. La dependencia explicó que la política busca actuar contra personas que, según la información disponible para Washington, ''socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico''.
La administración de Donald Trump le revocó la visa a funcionarios de cuatro países de Latinoamérica por acciones de colaboración con el narcotráfico
La decisión se integra además en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por la administración Trump para ampliar la cooperación regional frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas de seguridad. Estados Unidos sostiene que los países participantes buscan coordinar sanciones, designaciones y mecanismos financieros contra individuos y organizaciones que afecten la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas de la región.
''Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado'', señaló el Departamento de Estado.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados. Estados Unidos revocó visas vigentes a 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, mientras que otros nueve quedaron, en términos generales, impedidos de obtener una visa si presentan una solicitud en el futuro. Entre los sancionados figuran fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía, exfuncionarios y un empresario.
La decisión de la administración republicana se generó en el contexto del acuerdo de cooperación del Escudo de las Américas
El caso más destacado es el del fiscal general boliviano Roger Mariaca, quien fue objeto además de una designación pública bajo una disposición específica de la legislación estadounidense. El Departamento de Estado lo acusa de haber abusado de sus funciones al solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evitar la Justicia.
Washington sostuvo que las acciones que atribuye a Mariaca ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que Bolivia, como integrante del Escudo de las Américas, se comprometió a fortalecer. La medida hace que Mariaca y sus familiares directos sean, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
La designación se realizó bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense sobre asignaciones para seguridad nacional y asuntos internacionales. Esa disposición permite al secretario de Estado imponer restricciones migratorias a funcionarios extranjeros cuando existen informaciones creíbles sobre su presunta participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca fue uno de los principales apuntados por las sanciones estadounidenses
En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, además de sus familiares directos. Torres dirige un conglomerado con actividades en sectores como energía, señalización vial y alumbrado público, mientras que Peralta pertenece al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social.
En Perú, Washington revocó la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Circuito Constitucional de Lima, junto con medidas para sus familiares directos. En Ecuador, dos ciudadanos fueron incluidos en la operación, aunque el Departamento de Estado no divulgó públicamente sus nombres.
La administración Trump presentó las restricciones como un mecanismo de aplicación permanente que permitirá actuar rápidamente cuando surjan nuevas evidencias y coordinar medidas con gobiernos aliados. La estrategia amplía así el uso de las herramientas migratorias estadounidenses como instrumento contra funcionarios y actores extranjeros señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El juez peruano Juan Carlos Nuñez Matos, también fue duramente sancionado por la administración Trump
