Desde la oficina del vicepresidente Vance dijeron que no se detendrán hasta que cada dólar de los contribuyentes sea recuperado.
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El grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca, dirigido por el vicepresidente JD Vance, ha suspendido a 447 hospitales y 23 agencias de atención médica domiciliaria ubicados en Los Ángeles, California, y controlados por el gobierno del demócrata Gavin Newsom. El monto total estimado del fraude supera los 600 millones de dólares.
"Donde haya fraude, el grupo de trabajo lo encontrará. No nos detendremos hasta que cada dólar ganado con esfuerzo por los contribuyentes se destine a los estadounidenses honestos que lo merecen", dijo un portavoz del vicepresidente Vance al sitio web The Post Millennial en un comunicado.
Gracias a la investigación del periodista Nick Shirley, que reveló una red de fraude en Minneapolis liderada por estafadores somalíes, distintos medios independientes han comenzado a investigar fraudes de Medicaid alrededor de Estados Unidos, principalmente en ciudades controladas por el Partido Demócrata.
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Los demócratas quieren ocultar su corrupción
Aterrados por la irrupción de este movimiento, legisladores estatales demócratas han presentado un proyecto de ley que impondría sanciones y posibles cargos penales a las personas que divulguen información sobre fraudes, en especial los que tienen que ver con los servicios para inmigrantes. Esta legislación ha sido apodada como la "Ley para detener a Nick Shirley".
La Casa Blanca respondió a esta movida de los demócratas declarando que su trabajo antifraude se multiplicará. "A todos los estafadores: buena suerte tratando de esconderse del grupo de trabajo del vicepresidente. Están revisando y siguiendo cada pista posible. Estas cifras de suspensiones, y los valores en dólares ahorrados, solo van a aumentar", dijo un funcionario del gobierno.
El proyecto de ley demócrata presentado en California está redactado por Mia Bonta, la esposa del fiscal general del estado. Bonta sostiene que su proyecto tiene la intención de "proteger la privacidad de los servicios y proveedores de apoyo a la inmigración". Bajo la legislación, las personas que trabajan con inmigrantes podrían mantener sus direcciones ocultas del registro público.
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