Una coalición de estados liderados por demócratas y varios grupos de activismo presentó el lunes demandas separadas contra la administración del presidente Donald Trump por una nueva política que permitirá al gobierno federal compartir información personal de beneficiarios del programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas(TANF) con otras agencias federales.
La medida, que está prevista para entrar en vigor el 11 de agosto, autoriza al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a proporcionar determinados registros de millones de personas que reciben asistencia económica a otras dependencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. La información puede incluir números de Seguro Social, ingresos, direcciones, estado civil y estatus migratorio.
La administración Trump ha defendido una mayor coordinación entre las agencias federales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de acuerdo con la ley. Aunque el Gobierno no ha señalado expresamente que el cambio tenga como objetivo reforzar la aplicación de las leyes migratorias, la nueva política se produce en medio de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para mejorar el intercambio de información gubernamental y detectar posibles irregularidades en programas financiados por los contribuyentes.
Un grupo de estados demócratas demandó a la administración de Donald Trump por sus medidas contra la inmigración ilegal
Los fiscales generales demócratas, sin embargo, sostienen que la medida representa una amenaza para la privacidad de los beneficiarios y podría utilizarse para realizar controles migratorios. El fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, quien encabeza una de las demandas, acusó a la administración de utilizar un programa destinado a ayudar a familias de bajos ingresos para ampliar sus capacidades de vigilancia.
Los estados demandantes buscan impedir que la nueva política entre en vigor. Entre ellos se encuentran California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Washington, Colorado, Connecticut y otros estados gobernados por demócratas, además del Distrito de Columbia. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington.
La administración Trump no ha afirmado que la modificación tenga como propósito facilitar exclusivamente las deportaciones o las investigaciones migratorias. El cambio, no obstante, se enmarca en esfuerzos anteriores para permitir que distintas agencias federales tengan acceso a información administrada por otros organismos. La Casa Blanca también ha buscado revisar el uso de fondos públicos y detectar posibles casos de fraude o utilización indebida de beneficios.
El TANF fue creado por el Congreso en 1996 como parte de una amplia reforma del sistema de asistencia social. El programa proporciona aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales a los estados, que utilizan esos recursos para ayudar a familias de bajos ingresos, especialmente aquellas con niños.
El fiscal general demócrata californiano, Rob Bonta, es uno de los actores que lidera los recursos judiciales contra la administración republicana
Uno de los principales argumentos de los estados es que la legislación original otorgó a los gobiernos estatales un amplio margen para determinar quién reúne los requisitos para recibir los beneficios. Según los demandantes, la nueva política federal podría interferir con esa autoridad.
La administración Trump, por su parte, tiene un argumento más amplio a su favor: el gobierno federal administra los fondos que financian el programa y tiene un interés legítimo en garantizar que el dinero de los contribuyentes llegue exclusivamente a personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Desde esta perspectiva, permitir una mayor coordinación entre agencias puede contribuir a identificar inconsistencias, prevenir abusos y mejorar la supervisión de los programas públicos.
Los estados también alegan que la Administración para Niños y Familias (ACF), dependencia del HHS que administra el TANF, incumplió los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar las reglas sin explicar suficientemente el cambio respecto de las prácticas anteriores. Asimismo, sostienen que la política podría infringir normas federales sobre intercambio de información entre agencias.
Donald Trump aseguró que el programa para compartir los datos de beneficiarios, tiene el fin de que el dinero de los contribuyentes llegue a personas que cumplan con la ley
Una segunda demanda fue presentada en Brooklyn por organizaciones como ''Make the Road States'', ''Common Cause'' y ''Electronic Frontier Foundation''. Los grupos plantean argumentos similares y sostienen que la política amenaza las protecciones de privacidad de los beneficiarios.
Los críticos también advierten que algunos inmigrantes podrían evitar solicitar ayudas a las que tienen derecho si temen que sus datos sean compartidos con autoridades federales. En Maryland, por ejemplo, unos 38.000 beneficiarios reciben asistencia del programa cada mes, mientras que California cuenta con aproximadamente 350.000 familias beneficiarias mensuales.
Los tribunales deberán determinar ahora si el HHS actuó dentro de sus competencias y si la nueva política respeta las leyes federales sobre privacidad, administración de programas sociales e intercambio de información entre agencias.
