Un nuevo choque entre la administración del presidente Donald Trump y el sistema judicial federal estalló este viernes luego de que un juez ordenara retirar el nombre del mandatario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, una decisión que los aliados de Trump consideran una muestra más del activismo judicial que ha obstaculizado varios de los proyectos impulsados por el presidente desde su regreso a la Casa Blanca.
El juez federal Christopher Cooper, designado por el comunista Barack Obama, dictaminó que la junta directiva del Centro Kennedy no tenía autoridad para renombrar formalmente la institución en honor a Trump sin una autorización expresa del Congreso. Según el magistrado, la legislación que creó el emblemático centro cultural establece que el recinto debe conservar el nombre del expresidente John F. Kennedy, por lo que cualquier cambio oficial requeriría una acción legislativa.
La resolución obliga a eliminar la señalización instalada con el nombre de Trump y a retirar cualquier referencia institucional al denominado ''Centro Trump-Kennedy'', una medida que generó una rápida respuesta por parte del presidente y de los responsables de la institución.

Trump reaccionó con dureza a través de una extensa publicación en Truth Social, donde defendió su gestión y cuestionó los motivos detrás de la decisión judicial. El mandatario sostuvo que asumió la conducción de una institución que atravesaba problemas financieros y de infraestructura acumulados durante años de abandono.
''Me sentí orgulloso de tomar el control de una institución en decadencia y esperaba convertirla en un gran símbolo de prestigio para Washington y para todo Estados Unidos'', escribió Trump. El presidente acusó además al juez y a sectores de la oposición demócrata de anteponer intereses políticos a la recuperación de uno de los centros culturales más importantes del país.
La controversia se produce en un contexto en el que la administración Trump ha destacado repetidamente la necesidad de una profunda restauración del complejo. Según la Casa Blanca y los directivos designados por el mandatario, el Centro Kennedy enfrenta importantes problemas estructurales, incluyendo deterioro de instalaciones, deficiencias de mantenimiento y riesgos de seguridad que requerirían inversiones urgentes.

Roma Daravi, vicepresidente de Relaciones Públicas del Centro Kennedy bajo la actual administración, confirmó que la institución planea apelar la decisión. En un comunicado, señaló que el fallo judicial no altera la realidad de los problemas que enfrenta el edificio y reiteró el compromiso de continuar con los planes de recuperación.
''Los recursos ya están disponibles y seguiremos explorando todas las vías legales para garantizar que el Centro Kennedy vuelva a ser un monumento cultural de referencia para todos los estadounidenses'', afirmó.










