Un juez federal anuló la ley de ''Superfondo Climático'' de Nueva York, que pretendía recaudar hasta 75.000 millones de dólares de empresas de combustibles fósiles para financiar proyectos destinados a enfrentar problemas que el estado atribuye al cambio climático. La decisión fue celebrada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostuvo que la normativa representaba una extralimitación de las autoridades estatales sobre competencias reservadas al gobierno federal.
El juez federal P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, dictó el fallo el pasado viernes, después de determinar que la legislación invadía la autoridad federal en varios aspectos. Dos días antes, el magistrado había señalado que la norma podía interferir con la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero que atraviesan las fronteras estatales.
La ''Ley Superfondo Para el Cambio Climático'', aprobada por Nueva York, establecía que grandes compañías dedicadas a la extracción de combustibles fósiles y al refinado de petróleo debían realizar pagos durante un período de 25 años. La contribución de cada empresa se calcularía en función de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a sus productos entre 2000 y 2024.
El juez federal Kevin Castel determinó que la legislación impuesta por el estado de Nueva York para reclamar grandes sumas de dinero a las empresas energéticas, invade la autoridad federal
El estado había previsto utilizar los fondos para financiar infraestructura y otros proyectos destinados a ayudar a las comunidades a enfrentar problemas que las autoridades neoyorquinas relacionan con el cambio climático. Entre las necesidades señaladas se encontraban obras de adaptación ante el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos.
Sin embargo, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) demandaron a Nueva York para impedir la entrada en vigor de la legislación. El gobierno federal argumentó que la norma estaba desplazada por la legislación federal, bajo la doctrina jurídica conocida como ''preemption'', que establece que las normas federales prevalecen cuando existe un conflicto con las leyes estatales.
La administración sostuvo además que la ''Ley de Aire Limpio''otorga a la EPA la autoridad para determinar si las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser reguladas y de qué manera. Según la posición del Gobierno federal, Nueva York intentaba establecer un régimen propio de responsabilidad para empresas de combustibles fósiles basándose en emisiones asociadas con sus productos a nivel nacional e internacional.
El gobierno de Donald Trump celebró el fallo de Castel y demandó al estado de Nueva York para impedir que la legislación entre en vigencia
Nueva York defendió la legislación argumentando que no pretendía regular las emisiones. El estado sostuvo que los pagos exigidos a las compañías tenían como objetivo compensar los daños que las autoridades atribuyen a emisiones pasadas y financiar las obras necesarias para proteger a sus habitantes.
Castel rechazó ese argumento. El juez determinó que, aunque los fondos fueran destinados a proyectos dentro de Nueva York, los cargos establecidos por la ley tenían en la práctica el efecto de regular emisiones interestatales, una materia que corresponde al gobierno federal.
El magistrado también concluyó que la normativa interfería con las competencias federales en materia de política exterior. Su razonamiento se centró en que la ley buscaba imponer responsabilidades a compañías por actividades relacionadas con emisiones producidas fuera de Estados Unidos. Según Castel, responsabilizar a empresas por conductas realizadas en otros países mediante una legislación estatal podría eludir los canales diplomáticos y complicar la política exterior nacional.
El gobierno demócrata de Kathy Hochul aseguró que el objetivo de la legislación era financiar obras públicas asociadas con el medio ambiente
El fallo constituye además un segundo revés judicial para la iniciativa en pocas semanas. El 31 de agosto, la jueza federal Brenda Sannes, del Distrito Norte de Nueva York, había bloqueado la misma ley después de una demanda presentada por 22 estados y grupos empresariales. En ese caso, los demandantes también cuestionaron la autoridad de Nueva York para establecer el esquema de pagos.
El Departamento de Justicia celebró ambas decisiones. El fiscal general asociado Stanley E. Woodward Jr. afirmó que la legislación no solo era inconstitucional, sino que podía afectar el acceso de los estadounidenses a energía asequible y confiable. El funcionario sostuvo que corresponde al gobierno federal, y no a los estados individualmente, establecer las reglas que regulan el mercado energético nacional.
Los defensores de la ley, incluido el Instituto de Política Fiscal, habían argumentado que los 75.000 millones de dólares eran necesarios para que Nueva York pudiera adaptarse al aumento del nivel del mar y a fenómenos meteorológicos extremos que, según la organización, están vinculados a las emisiones generadas por las empresas afectadas.
La fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, no respondió a preguntas sobre el fallo. La decisión deja bloqueada la aplicación de la ley mientras continúa la disputa judicial sobre hasta dónde pueden llegar los estados al exigir responsabilidades a empresas energéticas por emisiones y daños que trascienden sus fronteras.
El fiscal general adjunto, Stanley Woodward Jr., aseguró que la legislación es de carácter inconstitucional
