Una jueza federal designada por el expresidente demócrata Barack Obama anuló este martes partes fundamentales de la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer los controles electorales en Estados Unidos, una decisión que provocó una inmediata reacción de la Casa Blanca y reavivó el debate sobre el creciente poder de los tribunales federales para bloquear políticas impulsadas por el Ejecutivo.
La jueza Denise J. Casper, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, determinó que varios componentes de la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de marzo de 2025 excedían las facultades constitucionales del presidente y vulneraban la separación de poderes. La magistrada concluyó que el mandatario no tiene autoridad para imponer de manera unilateral nuevas reglas electorales y que esa responsabilidad corresponde principalmente a los estados y al Congreso.
La decisión representa un nuevo revés judicial para una de las principales iniciativas de Trump en materia electoral, diseñada para reforzar la confianza pública en los comicios federales mediante mayores requisitos de verificación de ciudadanía y estándares uniformes para la administración de elecciones.
Entre las disposiciones bloqueadas se encuentran la exigencia de presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en formularios federales, modificaciones a las reglas aplicables a votantes militares y ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero, y medidas que condicionaban determinados fondos federales al cumplimiento de estándares electorales específicos por parte de los estados.
La Casa Blanca reaccionó con dureza al fallo. El subjefe de gabinete Stephen Miller advirtió que la sucesión de decisiones judiciales contra políticas de la administración está generando una preocupante tendencia dentro del sistema judicial federal.
A través de redes sociales, Miller expresó su esperanza de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, comprenda ''el camino que estos jueces rebeldes han trazado para el poder judicial''. Sus comentarios reflejan la creciente frustración de los conservadores ante una intervención excesiva de jueces federales en decisiones adoptadas por funcionarios elegidos democráticamente.
Los críticos de la sentencia sostienen que el fallo ignora preocupaciones legítimas sobre la seguridad electoral y limita la capacidad del gobierno federal para garantizar que las leyes existentes sean aplicadas de manera uniforme en todo el país. También señalan que la exigencia de demostrar ciudadanía para votar cuenta con amplio respaldo entre los votantes estadounidenses y responde a un principio básico: que únicamente los ciudadanos estadounidenses participen en elecciones federales.
La demanda fue presentada por una coalición de 19 estados liderados por fiscales generales demócratas, entre ellos el de California, Rob Bonta, quien celebró el resultado como una victoria para los gobiernos estatales de corte socialista. Bonta afirmó que la decisión reafirma que los estados y el Congreso tienen la autoridad principal para regular las elecciones.
