Trump firmó un decreto para restringir la ciudadanía por nacimiento y prohibir el turismo de maternidad

Las nuevas órdenes llegan poco más de un mes después de que la Corte Suprema rechazara, el 30 de junio, la orden ejecutiva previa de Trump que buscaba excluir de la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes temporales con estatus legal. El presidente calificó ese fallo como ''muy desafortunado'', aunque aseguró que su administración continuará impulsando acciones para modificar el funcionamiento del sistema.

''Están construyendo negocios alrededor de la ciudadanía por nacimiento. No era así como debía funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada y no vamos a permitir que continúe'', declaró Trump durante el acto de firma.

La segunda orden ejecutiva amplía las categorías de personas que no deberían beneficiarse de la ciudadanía automática por nacimiento. De acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional y subjefe de Gabinete para Políticas, Stephen Miller, la medida abarca a individuos considerados enemigos de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que actúan en representación de gobiernos extranjeros.

Miller sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución fue aprobada tras la Guerra Civil con el objetivo de garantizar la ciudadanía a los hijos de los esclavos liberados y argumentó que esa disposición no fue concebida para otorgar automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense sin considerar la situación migratoria de sus padres.

Durante la presentación de las medidas, Miller explicó que el turismo de maternidad suele involucrar a personas que ingresan al país alegando motivos turísticos, como visitar parques temáticos o realizar vacaciones, cuando su verdadero propósito es dar a luz en Estados Unidos y regresar posteriormente a su país con un hijo que posee ciudadanía estadounidense.

El funcionario sostuvo que esa situación permite, con el tiempo, acceder a distintos beneficios previstos por la legislación estadounidense y representa un incentivo para el fraude migratorio, razón por la cual la administración decidió prohibir la práctica mediante una orden ejecutiva.

La Casa Blanca considera que ambas medidas forman parte de la estrategia del gobierno para reforzar el control migratorio y limitar el uso de mecanismos que han sido aprovechados para obtener ventajas legales sin cumplir con el propósito original de la ciudadanía por nacimiento.

Las nuevas disposiciones podrían enfrentar desafíos judiciales, como ocurrió con iniciativas anteriores relacionadas con la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, aunque la administración Trump sostiene que las órdenes ejecutivas buscan corregir lo que considera una aplicación indebida de esa garantía constitucional.