El presidente Donald Trump anunció este miércoles que le pedirá a la Corte Suprema una nueva audiencia para el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento tras descubrir que una red de carteles en México ofrece partos en Estados Unidos por 4.000 dólares.
"Se están colocando anuncios y carteles publicitarios por toda nuestra frontera sur y en México, promocionando la CIUDADANÍA POR DERECHO DE NACIMIENTO, con 'partos desde $4000', señaló el mandatario. "Asimismo, se están colocando carteles similares por todo nuestro país. Se ganarán ilegalmente miles de millones de dólares con esta ESTAFA, otorgando la ciudadanía a cualquiera dispuesto a pagar", agregó.
"Esto se convertirá, por mucho, en la vía número uno para convertirse en ciudadano, y luego se permitirá que toda la familia lo siga. No es sostenible. ¡LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE NO ESTÁ EN VENTA! De hecho, eso es un delito y, por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema es incorrecto", observó el presidente. "Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, DE INMEDIATO. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión, que es absolutamente una locura".
Según se informó, un hospital del sur de Texas fue capturado tapizando lugares de México con anuncios que ofrecen partos en los EEUU por $3,950 si el mismo es natural y $5,525 si es por cesárea. Al respecto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó de inmediato una investigación exhaustiva, declarando que "la ciudadanía estadounidense no está en venta".
La SCOTUS dio luz verde para que este fraude millonario siga vivo y se expanda.
Un fallo errado que desata un negocio millonario
El pasado 30 de junio, el máximo tribunal dictaminó en una decisión de 5-4 que los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporalmente están "sujetos a la jurisdicción" de los Estados Unidos y, por lo tanto, son ciudadanos protegidos por la 14.ª enmienda de la Constitución.
Los supuestos jueces conservadores John Roberts y Amy Coney Barrett redactaron la opinión judicial y se unieron al ala de izquierda radical de la Corte compuesta por las magistradas Kagan, Sotomayor y Jackson, mientras que los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas denunciaron
Trump hace bien en denunciar este creciente esquema fraudulento, ya que sin duda se ha creado, con la reciente decisión de la Corte que revocó el decreto presidencial, un incentivo para que los grupos criminales lucren comercializando la ciudadanía estadounidense, explotando así las leyes norteamericanas.
