El hallazgo de un laboratorio clandestino en la ciudad de Reedley, en el estado de California, ha desatado una investigación federal que puso en evidencia graves fallas regulatorias, riesgos sanitarios y potenciales conexiones con el gobierno chino, al tiempo que ha generado críticas hacia la gestión estatal encabezada por el gobernador demócrata Gavin Newsom.
El caso comenzó cuando Jesalyn Harper, agente de control de códigos local, acudió a inspeccionar un almacén aparentemente abandonado tras recibir denuncias por un fuerte olor desagradable. Al ingresar al edificio, encontró lo que describió como una instalación improvisada de laboratorio: viales con líquidos etiquetados como ''COVID-19'', ''VIH'' y ''Malaria'', refrigeradores con muestras biológicas, algunos marcados como ''Ébola'', y más de mil ratones utilizados para pruebas.
Según relató Harper, el ambiente dentro del lugar se tornó tenso cuando comenzó a hacer preguntas a los trabajadores, quienes inicialmente parecían colaborar en tareas como el ''ensamblaje de pruebas médicas''. La funcionaria decidió retirarse rápidamente al percibir un posible riesgo para su seguridad.
