Las entidades financieras evalúan reducir o finalizar operaciones en la isla por el temor a medidas vinculadas al conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana.
Diversos bancos españoles están preparando una retirada progresiva de Cuba ante el creciente riesgo de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos contra empresas y entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA, una de las estructuras económicas más poderosas del régimen cubano.
Según distintos reportes, las entidades financieras observan con preocupación el endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana y el aumento de las restricciones dirigidas contra organizaciones controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. GAESA, encabezada históricamente por figuras cercanas al poder político de la isla, administra sectores estratégicos como turismo, puertos, comercio exterior, infraestructura y servicios financieros.
La sede de GAESA en La Habana
La posibilidad de nuevas sanciones genera inquietud entre bancos e inversores extranjeros debido a que muchas operaciones económicas dentro de Cuba terminan teniendo algún nivel de relación con empresas controladas por el conglomerado militar. Esto podría exponer a compañías internacionales a restricciones financieras o dificultades para operar dentro del sistema bancario estadounidense.
El movimiento ocurre en medio de una profunda crisis económica en Cuba. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, problemas de abastecimiento y una fuerte caída de la actividad productiva. Además, el deterioro de la infraestructura energética y la reducción de ingresos provenientes del turismo agravaron la situación durante los últimos años.
Una eventual salida de bancos europeos podría complicar todavía más el acceso a financiamiento internacional y aumentar las dificultades para realizar operaciones comerciales desde el régimen cubano. También podría afectar inversiones extranjeras que dependen de servicios financieros internacionales para funcionar.
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel
Desde Washington, distintos sectores políticos vienen reclamando mayores medidas contra estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, argumentando que gran parte de los recursos estratégicos del país permanecen bajo administración militar. En paralelo, organizaciones opositoras cubanas sostienen que cualquier proceso de apertura económica debería estar acompañado por reformas políticas e institucionales más amplias.
Mientras tanto, las autoridades cubanas continúan buscando acuerdos con socios extranjeros para sostener la actividad económica y enfrentar la crisis energética y financiera que atraviesa el país. Sin embargo, la incertidumbre sobre posibles nuevas sanciones y el retiro de actores financieros internacionales podría representar un nuevo desafío para una economía que ya enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.
