Apuntan a frenar la "fuga de talento" con sanciones económicas.
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Una propuesta surgida durante la convención del Partido Liberal de Canadá, partido que integra la coalición de gobierno, desató una fuerte polémica al plantear la posibilidad de cobrar hasta 500.000 dólares a los ciudadanos que decidan emigrar, especialmente hacia Estados Unidos. Durante el debate, la propuesta fue formulada de manera explícita: "¿Quieres irte a Estados Unidos? Devuélveme mi dinero".
El eje de la discusión giró en torno a la llamada “fuga de talentos”. Durante la exposición, se mencionó que aproximadamente 30.000 canadienses altamente calificados están cruzando la frontera gracias a la visa TN, un permiso que permite trabajar en Estados Unidos por períodos renovables de hasta tres años, con requisitos relativamente simples y un cercano a los 30 dólares.
Según el planteo, esta facilidad estaría incentivando la salida de profesionales formados en Canadá hacia el mercado laboral estadounidense, donde los salarios pueden ser significativamente más altos. Como ejemplo, se mencionó el caso de ofertas laborales de hasta 300.000 dólares anuales, accesibles prácticamente con solo presentarse en la frontera y solicitar la visa correspondiente.
En ese contexto, uno de los argumentos centrales fue que el Estado canadiense invierte grandes sumas en la formación educativa de sus ciudadanos. Por eso, se propuso que quienes decidan emigrar “devuelvan” el dinero invertido en su formación.
Según esta postura, que deja completamente de lado a la libertad individual, la emigración es vista como una pérdida económica directa para el país. Bajo esa lógica, se planteó que restringir ese flujo o exigir una compensación podría generar un ahorro estimado de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales.
El primer ministro canadiense estuvo presente en la convención.
La propuesta incluyó dos caminos posibles: cerrar directamente el acceso a este tipo de visas o establecer una penalización económica elevada para quienes opten por emigrar. Ambas alternativas generaron un fuerte rechazo, ya que implican la restricción de libertades civiles de manera directa o indirecta.
Si bien no se trata de un proyecto legislativo formal, el hecho de que la propuesta haya surgido en una convención del oficialismo expone la creciente preocupación dentro del gobierno por la emigración hacia economías más competitivas, así como la disposición de avanzar sobre libertades individuales para intentar frenarla.
