El presidente de Chile, José Antonio Kast, formalizó el envío al Congreso de su denominada “megareforma”, un ambicioso paquete de más de 40 medidas que apunta a reactivar la economía, atraer inversiones y recuperar la competitividad del país. Se trata del proyecto central de su gestión, con el que busca marcar un giro en la política económica chilena tras años de bajo crecimiento.
La iniciativa, oficialmente titulada Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, había sido presentada días atrás en cadena nacional y ahora ingresa al Parlamento tras semanas de negociaciones para asegurar apoyos en el congreso. El Gobierno no cuenta con mayoría propia, por lo que necesita acuerdos con sectores clave para lograr su aprobación.
"Vamos a romper todo lo malo": Kast anunció el proyecto en cadena nacional.
Entre los puntos más relevantes se destaca la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, una medida orientada a incentivar la inversión privada. A esto se suman beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el exterior, exenciones transitorias de IVA para la compra de viviendas nuevas y una serie de incentivos para fomentar el empleo formal.
Además, el proyecto contempla la agilización de permisos medioambientales, uno de los principales reclamos del sector productivo, y otras herramientas destinadas a dinamizar la actividad económica. El objetivo del chileno es llevar el crecimiento del país hasta el 4% al final del mandato, reducir el desempleo al 6,5% y encaminar el equilibrio de las cuentas fiscales.
Durante la presentación, Kast defendió el rol del sector privado como motor del desarrollo, al sostener que el Estado por sí solo no puede generar riqueza sin la participación de emprendedores e inversores. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el proyecto busca devolverle a Chile la competitividad necesaria para atraer capitales y generar empleo.
Kast junto a la motosierra de Javier Milei.
El contexto económico explica la urgencia del Ejecutivo. En 2025, Chile registró un crecimiento del 2,5%, una inflación del 3,5% y un déficit fiscal estructural del 3,6% del PIB, el más alto en dos décadas. Frente a este escenario, el oficialismo apuesta a un cambio de rumbo basado en incentivos al sector productivo.
El debate legislativo promete ser intenso y marcará uno de los principales capítulos políticos del año en Chile. El resultado definirá no solo el rumbo económico, sino también la capacidad del Gobierno para avanzar con su agenda.
