Un tribunal de la ciudad de Changzhou, en el este de China, condenó a muerte al ex-funcionario Yang Youlin tras declararlo culpable de aceptar sobornos por más de 2.200 millones de yuanes (unos 325 millones de dólares) a lo largo de tres décadas, en uno de los mayores casos de corrupción conocidos en el país en los últimos años.
Yang, de 69 años, ocupó diversos cargos en la administración de Nanjing entre 1993 y 2023. Según la sentencia, utilizó la autoridad derivada de sus funciones para favorecer a empresas y particulares en la adjudicación de contratos de ingeniería, transferencias de terrenos y acceso a financiación, recibiendo a cambio grandes sumas de dinero y bienes de alto valor.
Además del delito de soborno, fue declarado culpable de malversación, abuso de poder y lavado de dinero. El tribunal sostuvo que sus acciones provocaron pérdidas de enorme magnitud para el Estado y calificó los hechos como ''extremadamente graves'', justificando así la imposición de la pena capital.
Un ex funcionario chino fue sentenciado a pena de muerte tras ser declarado culpable por actos de corrupción
El caso forma parte de la campaña anticorrupción impulsada por el dictador Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012. Las autoridades chinas presentan esta estrategia como un esfuerzo para limpiar las instituciones públicas y fortalecer la disciplina dentro del Partido Comunista Chino a pesar de que varios de sus funcionarios se han visto involucrados en escándalos asociados a la corrupción.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, especialistas en política china y varios gobiernos occidentales han cuestionado la falta de independencia del sistema judicial y sostienen que la campaña también ha servido para apartar a figuras consideradas rivales políticos de Xi y reforzar su control sobre el aparato estatal.
Muchos argumentan que, aunque la corrupción sigue siendo un problema persistente en China, las investigaciones suelen desarrollarse dentro de un sistema opaco, donde el Partido Comunista mantiene un control casi absoluto sobre fiscales y tribunales. En ese contexto, las condenas son frecuentemente interpretadas como una demostración del poder político del liderazgo central, más que como el resultado de un proceso judicial plenamente independiente.
Otro aspecto que genera cuestionamientos es el uso continuado de la pena de muerte para delitos económicos. Mientras numerosos países han eliminado ese castigo o restringido su aplicación a delitos extremadamente graves, China mantiene la posibilidad de ejecutar a personas condenadas por corrupción cuando las cantidades involucradas son especialmente elevadas. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han pedido reiteradamente a Pekín abolir esta práctica, al considerar que vulnera el derecho a la vida y carece de un efecto disuasorio comprobado.
Xi Jinping lleva adelante una campaña anti-corrupción a pesar de que numerosos miembros de su partido figuran en los casos más escandalosos del país
Durante el juicio, Yang Youlin se declaró culpable, expresó arrepentimiento y colaboró con las autoridades proporcionando información sobre otros casos de corrupción. No obstante, el tribunal concluyó que esa cooperación era insuficiente para reducir la condena debido a la magnitud de los delitos cometidos.
La sentencia se suma a otros casos de alto perfil registrados durante la administración de Xi Jinping. En 2021, el ex-director financiero Lai Xiaomin fue ejecutado tras ser condenado por aceptar sobornos por unos 1.800 millones de yuanes, mientras que en 2024 el ex-funcionario Li Jianping también fue ejecutado por delitos de corrupción y malversación superiores a los 3.000 millones de yuanes. Ambos formaban parte del Partido Comunista Chino.
Aunque el gobierno chino sostiene que estas condenas reflejan su política de ''tolerancia cero'' frente a la corrupción, los detractores de Xi Jinping consideran que el problema tiene raíces estructurales dentro del sistema político de partido único.
Afirman que la ausencia de una prensa verdaderamente libre, de un poder judicial independiente y de mecanismos efectivos de fiscalización dificulta detectar irregularidades antes de que alcancen dimensiones millonarias. En consecuencia, las campañas periódicas de castigo no sustituyen las reformas institucionales que son necesarias para prevenir la corrupción de manera sostenible.
Li Jianping, un ex miembro del gobierno de Xi Jinping, fue el último en ser ejecutado por un caso de corrupción
