Un tribunal de apelaciones de Corea del Sur condenó al expresidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión, en un nuevo fallo que profundiza su caída política tras la crisis generada por la imposición de la ley marcial en 2024.
La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Seúl, lo encontró culpable de obstrucción de la justicia, resistencia al arresto y falsificación de documentos oficiales, delitos vinculados directamente a su intento de mantenerse en el poder tras su destitución.
Este nuevo fallo no es aislado: se suma a una condena previa a cadena perpetua por insurrección, relacionada con su decisión de declarar la ley marcial, un hecho que desató la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas.
La investigación judicial determinó que Yoon utilizó estructuras del Estado, incluyendo el servicio de seguridad presidencial, para obstaculizar su detención y consolidar un intento de control político fuera de los marcos legales.
El origen del caso se remonta a diciembre de 2024, cuando el entonces presidente decretó la ley marcial sin cumplir los requisitos legales, en una maniobra que fue rápidamente rechazada por el Parlamento y generó protestas masivas. La medida fue revertida pocas horas después, pero el daño institucional ya estaba hecho.
