Un grupo de legisladores colombianos anunció que presentará ante la CPI grabaciones y otras pruebas relacionadas con los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro al Clan del Golfo.
La controversia por los audios que revelan los primeros contactos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo dio un nuevo giro. Un grupo de senadores colombianos anunció que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), presentando grabaciones, documentos y otras pruebas que, a su juicio, podrían demostrar presuntas actuaciones irregulares durante el desarrollo de la política de "paz total".
La iniciativa surge después de que salieran a la luz audios de una reunión celebrada en septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias "Jerónimo", uno de los comandantes del Clan del Golfo. En las grabaciones, difundidas inicialmente por Noticias Caracol, se escucha discutir posibles medidas para reducir la presión militar mientras avanzaban los primeros contactos con la organización criminal.
Según los senadores que impulsan la denuncia, las evidencias podrían indicar que desde el Ejecutivo se habrían ofrecido beneficios que excederían el marco legal de una fase exploratoria de conversaciones. Entre los temas mencionados en los audios figuran un eventual cese de bombardeos, la disminución de operaciones de inteligencia y otras medidas destinadas a generar confianza con el grupo armado.
Los legisladores sostienen que corresponde a la Corte Penal Internacional analizar si estas actuaciones pudieron afectar la obligación del Estado colombiano de perseguir a organizaciones responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, anunciaron que remitirán el material recopilado junto con un informe jurídico para solicitar que el organismo internacional evalúe el caso.
El escándalo se produce en la recta final del mandato de Gustavo Petro y ha reavivado el debate sobre la política de "paz total". Diversos sectores de la oposición consideran que las grabaciones ponen en cuestión la estrategia del Gobierno frente a los grupos armados ilegales, mientras el oficialismo insiste en que los contactos exploratorios forman parte de cualquier proceso de búsqueda de soluciones negociadas al conflicto.
La posible presentación ante la Corte Penal Internacional añade una nueva dimensión al caso y podría incrementar la presión política sobre el Gobierno colombiano, mientras continúan las investigaciones y el debate público sobre el alcance de los acercamientos mantenidos con el Clan del Golfo.
