Desde el punto de vista institucional, el anuncio fue canalizado a través del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, el cual atribuyó la ejecución de las medidas a los tribunales del país tras las solicitudes procesales del Ministerio Público.
No obstante, los expedientes revisados corresponden a ciudadanos que el interinato vinculó con supuestos ataques contra la institucionalidad y la estabilidad nacional, una etiqueta recurrente de la justicia oficialista.
Aunque el régimen intenta instrumentalizar políticamente este hecho, las organizaciones de derechos humanos han sido enfáticas al alertar que una excarcelación bajo medidas cautelares de ninguna manera equivale al reconocimiento de la inocencia de las víctimas. Muchos de los que hoy salen de prisión seguirán sometidos a rigurosas restricciones judiciales fuera de las celdas.
