La dictadora encargada de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional modificar una legislación aprobada por el chavismo en 2017 y que contempla penas de hasta 20 años de prisión.
La dictadora encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una legislación aprobada en 2017 durante la etapa de mayor conflictividad política del Gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez pidió que el Parlamento, presidido por su hermano Jorge Rodríguez, trate la iniciativa con carácter de urgencia. Según explicó, el objetivo es avanzar en la despenalización de determinadas conductas previstas en la norma, corregir desviaciones producidas durante su aplicación y contribuir a la reconstrucción de la confianza institucional.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez
La ley fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el chavismo. Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión denunciaron que sus disposiciones fueron utilizadas contra opositores políticos, activistas, periodistas y ciudadanos críticos del Gobierno.
La organización Espacio Público registró más de 120 casos de vulneraciones a la libertad de expresión vinculados con esta legislación entre 2017 y 2024. Además, documentó 73 detenciones durante el período posterior a las elecciones presidenciales de 2024 relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión.
La propia dirigencia chavista había admitido previamente problemas en la aplicación de la normativa. En febrero de este año, Jorge Rodríguez reconoció que la ley había sido utilizada de manera inadecuada y planteó la posibilidad de reformarla.
La oposición que participa del actual proceso de diálogo con el régimen recibió el anuncio con cautela. El grupo de exdiputados opositores señaló que espera que la reforma permita recuperar garantías y derechos, aunque advirtió que todavía existen otras normas y mecanismos que han sido utilizados con fines represivos.
La dictadora interina venezolana Delcy Rodríguez junto al presidente Donald Trump
Los gremios periodísticos fueron más lejos y reclamaron directamente la derogación de la ley. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sostuvo que eliminar las penas de prisión sería un avance, pero consideró insuficiente una reforma que mantenga disposiciones sobre bloqueo de portales, retiro de contenidos o revocación de concesiones de medios.
La iniciativa se produce mientras el régimen de Rodríguez y sectores de la oposición mantienen negociaciones sobre libertad de expresión, pluralismo político y reformas institucionales. En ese contexto, la modificación de la Ley contra el Odio aparece como uno de los asuntos vinculados con las garantías para una eventual apertura política y electoral en Venezuela.
