Domada: El Gobierno de Trump le revocó la visa de una comunista colombiana que amenazó a Abelardo de la Espriella

La decisión estadounidense se suma a otras medidas adoptadas por la administración Trump contra activistas colombianos. El caso más reciente mencionado en relación con la política de Rubio es el de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, quien fue detenido en Estados Unidos en junio y posteriormente deportado a Colombia.

La controversia comenzó después de las elecciones presidenciales colombianas de junio. En una grabación difundida posteriormente en redes sociales, Marín llamó a sus compañeros de militancia a mantener una movilización permanente contra la nueva administración. Entre sus declaraciones se encontraba el llamado a “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

Marín ocupa el cargo de secretaria política de la JUCO en Bogotá. Tras la difusión del video, una organización de abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía colombiana, en la que la acusó de delitos como instigación a delinquir. La activista comunista, por su parte, defendió posteriormente las movilizaciones como una forma legítima de oposición política y afirmó que su organización estaba siendo objeto de persecución.

El Gobierno de Donald Trump ha endurecido durante los últimos meses su postura frente a extranjeros que, según Washington, utilizan territorio estadounidense o plataformas radicadas allí para desarrollar actividades que considera contrarias a sus intereses de política exterior.

En el caso de Marín, la medida implica que ya no podrá ingresar a Estados Unidos con la visa que tenía vigente. La decisión fue comunicada públicamente por el Departamento de Estado y se produce en medio de una creciente confrontación política en Colombia tras el cambio de Gobierno.

La revocación de la visa marca así una nueva señal de Washington hacia quienes plantean una oposición política mediante llamados que las autoridades estadounidenses consideran vinculados con intimidación o violencia, aun cuando la propia administración reconoce el derecho de los ciudadanos extranjeros a expresar sus opiniones políticas.