Los militantes de izquierda atribuyeron los robos a magrebíes y reforzaron la seguridad tras una semana de protestas.
La acampada impulsada por colectivos de izquierda en la Puerta del Sol de Madrid, organizada para protestar por la crisis de la vivienda bajo el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, quedó envuelta en una polémica luego de que los propios manifestantes denunciaran robos atribuidos a personas de origen magrebí y anunciaran la implementación de protocolos para prevenir agresiones sexuales.
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La información fue revelada por el programa español Horizonte, cuyo equipo periodístico presenció una asamblea de los activistas. Durante la reunión, los participantes reconocieron que se habían producido sustracciones dentro del campamento y comenzaron a debatir nuevas medidas de seguridad para proteger sus pertenencias y garantizar la convivencia. Según explicó la periodista desplazada al lugar, uno de los acampados señaló a personas de origen magrebí como responsables de robos dentro de las tiendas de campaña.
En medio de las denuncias por inseguridad, los organizadores también anunciaron protocolos de prevención de agresiones sexuales, una decisión que llamó la atención. Los propios manifestantes buscaron aclarar que las medidas tienen "carácter preventivo".
"Me parece llamativo que los empiecen a implementar a partir de ahora, cuando ya ha pasado una semana", cuestionó la reportera de Horizonte durante su cobertura. La presencia de la prensa generó agresiones verbales por parte de los militantes de izquierda. Según relató la periodista, lodactivistas exigieron que abandonaran el lugar porque había personas durmiendo. "Se han puesto un poco violentos", denunció la comunicadora al describir la actitud de los izquierdistas.
La polémica ocurre en medio de las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que mantiene una acampada en la Puerta del Sol para exigir mayores regulaciones sobre alquileres y desalojos. Las protestas cobraron especial relevancia tras el caso de María Carmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre, que falleció posteriormente en el Hospital Gregorio Marañón.
Su situación fue utilizada por sectores de la izquierda española para intensificar las movilizaciones y presionar en la interna al Gobierno de Sánchez, cuyo intento de aprobar nuevas regulaciones sobre la vivienda fue rechazado en el Congreso por el PP, Vox y Junts per Catalunya.
