En un escenario de contención generalizada en todo el bloque comunitario, España se ha consolidado trágicamente durante el año 2025 como el principal destino de la inmigración ilegal por vía aérea, terrestre y marítima. Mientras la Unión Europea registró un total de 669.400 primeras solicitudes de asilo, lo que representa un significativo descenso del 27% respecto al año anterior, la política de fronteras abiertas de Pedro Sánchez ha mantenido a nuestro país en una situación de vulnerabilidad extrema.
Con 141.035 expedientes registrados por Eurostat, España acaparó el 21,1% del total europeo, superando con holgura a Italia, que contabilizó 126.635 peticiones. Esta avalancha no es casualidad, sino el resultado de una gestión que utiliza las solicitudes de asilo como un "termómetro fiable" para medir el volumen real de la inmigración ilegal que perfora nuestras fronteras. Según fuentes policiales consultadas por los medios, estas cifras actúan como una métrica precisa que cubre más del 90% del flujo de la inmigración ilícita.
Los datos nacionales del Ministerio del Interior son aún más alarmantes, elevando el total de solicitudes en suelo español a 144.396. El desglose por nacionalidades revela una estrategia de entrada masiva amparada en la desidia gubernamental:
Hispanoamérica: Representa el 72% de las solicitudes, con Venezuela a la cabeza sumando 85.413 peticiones (casi el 59% del total nacional), seguida de Colombia con 14.524 y Perú con 3.511. Este perfil utiliza mayoritariamente la vía aérea mediante vuelos comerciales regulares con la "clara intención de materializar una estancia ilegal indefinida".
